Durante la II Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a las entidades del Gobierno nacional para que avancen de manera concreta en el cumplimiento de la sentencia que ordena salvaguardar las semillas nativas y criollas en territorios indígenas.
La advertencia fue emitida por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios, que recordó que la protección de las variedades tradicionales de maíz no puede quedarse en compromisos formales, sino que debe traducirse en acciones estructurales que garanticen su conservación y producción.
El pronunciamiento está relacionado con la Sentencia T-247 de 2023 de la Corte Constitucional de Colombia, que ordenó diseñar e implementar una política pública específica para proteger estas semillas. En esa decisión, el alto tribunal alertó sobre los riesgos que puede representar la presencia de organismos genéticamente modificados (OGM) en territorios colectivos y sobre la falta de un marco sólido de protección para las semillas autóctonas.
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