Tras cuatro años de suspensión de varios
derechos constitucionales en El Salvador, comunidades rurales afectadas
por la expansión de la caña de azúcar denuncian enfermedades,
contaminación y un clima de miedo que dificulta exigir
responsabilidades.
Aurora Moreno y Laura Villadiego. Bajo Lempa (El Salvador)
En la comunidad de Taura, el último al que le fallaron los riñones
fue a Toñito. Era quien preparaba las mezclas de glifosato que luego se
cargaban en los drones para rociar los cañaverales. “Lo enterramos hace
unos meses”, cuenta Manuel Eugenio Hernández, uno de sus vecinos. Antes
que él, otros seis murieron por lo mismo en esta comunidad salvadoreña
de apenas 50 familias. “La gente decía que era la plaga del zancudo que
llevaba a la muerte, pero después, ya en los diagnósticos, parece que el
glifosato está metido en los riñones de las personas”, explica
Hernández, a quien sus riñones tampoco le funcionan bien, a pesar de que
él nunca ha trabajado con los agrotóxicos.
El Salvador es uno de los países más afectados por las enfermedades
renales crónicas que, desde hace varias décadas, no han dejado de
aumentar en Centroamérica, casi siempre vinculadas a entornos rurales
con un uso intensivo de agrotóxicos. Según el Ministerio de Salud de El Salvador,
el país se enfrenta a una “doble epidemia” de enfermedades renales
crónicas “por causas tradicionales y no tradicionales”. Las primeras
afectan sobre todo a personas mayores de 60 años con patologías previas,
como diabetes o hipertensión. Las “no tradicionales”, las que han
afectado a varias personas en Taura, suelen cebarse con personas más
jóvenes que no tienen condiciones previas. Así, en 2011, un estudio
ya señalaba que más de la cuarta parte de los hombres del Bajo Lempa,
donde se encuentra Taura, presentaba síntomas de insuficiencia.
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