Durante la II Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y
Desarrollo Rural, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a
las entidades del Gobierno nacional para que avancen de manera concreta
en el cumplimiento de la sentencia que ordena salvaguardar las semillas
nativas y criollas en territorios indígenas.
La advertencia fue emitida por la Procuraduría Delegada para Asuntos
Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios, que recordó que la
protección de las variedades tradicionales de maíz no puede quedarse en
compromisos formales, sino que debe traducirse en acciones estructurales
que garanticen su conservación y producción.
El pronunciamiento está relacionado con la Sentencia T-247 de 2023 de
la Corte Constitucional de Colombia, que ordenó diseñar e implementar
una política pública específica para proteger estas semillas. En esa
decisión, el alto tribunal alertó sobre los riesgos que puede
representar la presencia de organismos genéticamente modificados (OGM)
en territorios colectivos y sobre la falta de un marco sólido de
protección para las semillas autóctonas.
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