He resaltado aquí cómo el campo mexicano ha padecido por décadas el acaparamiento de la agroindustria, nacional y trasnacional, que no sólo ha cooptado las formas de producir alimentos, imponiendo paquetes tecnológicos basados en monocultivos de semillas transgénicas y agroquímicos tóxicos, sino que además ha violentado los derechos humanos de personas productoras y consumidoras, y ocasionado graves afectaciones al ambiente y a la biodiversidad.
Asimismo, he destacado acciones y políticas públicas que, impulsadas originalmente desde movimientos y luchas campesinas y sociales, representan avances importantes en la transición hacia una agricultura sostenible, que devuelva los campos y las semillas mismas a las comunidades que han resistido tales embates, con un sistema económico y gobiernos en complicidad. Por ejemplo, el decreto presidencial de sustitución progresiva del uso de glifosato y prohibición de maíces transgénicos o la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, que, aun cuando ya ha sido aprobada, hasta ahora no se ha implementado adecuadamente.
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