Pese a los 9.700 millones de euros en indemnizaciones que Monsanto debe pagar por las fumigaciones con glifosato en EE UU y el informe de la OMS que lo clasifica como “posible cancerígeno”, este herbicida continúa utilizándose masivamente en España y en la UE, contaminando cuencas hidrográficas. Un ejército de lobbies, con periodistas y científicos a sueldo, ha conseguido hasta ahora eludir la prohibición.
En Estados Unidos, Bayer-Monsanto ha tenido que pagar 9.700 millones de euros por los casos de cáncer que ha provocado su marca de glifosato, Rondup. En Argentina, Paraguay, Brasil o México llevan décadas denunciando la toxicidad de este herbicida que en 2015 la OMS clasificó como “probable cancerígeno”.
Sin embargo, las fumigaciones realizadas con este polémico agrotóxico continúan en la Unión Europa después de que la Comisión renovara su uso en 2017 por cinco años más. Esta decisión fue adoptada utilizando como principal referencia científica un informe que había copiado capítulos enteros de un estudio enviado por la propia Monsanto y contó con la oposición de nueve países: Bélgica, Grecia, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Malta y Austria. En España, apenas hay ríos que no tenga residuos de este peligroso herbicida, según un reciente informe de Ecologistas en Acción.
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