El martes 11 de junio, el Senado reanuda la tramitación de la ley de Obtentores Vegetales, que deroga la actual ley de Semillas para hacer posible la promulgación del Convenio UPOV 91,
hecho a medida de Monsanto y de las transnacionales productoras de
semillas híbridas y transgénicas. Es muy posible que el Presidente
Piñera esté así cumpliendo instrucciones de Obama luego de su reciente
encuentro, pero habrá que esperar un próximo wikileak para tener la
total certeza de ello.
El proyecto de Ley de Obtentores, presentado por la ex Presidenta Bachelet
y resistido entonces por las organizaciones campesinas y sociales a las
que ella no recibió ni escuchó, contiene artículos que -entre otras
aberraciones- prohíben el intercambio y guarda de semilla y posibilitan que el obtentor (Monsanto, Bayer, von Baer, Dupont, Syngenta, etc) demande al infractor por “piratería” como se hace en Europa, Estados Unidos y Canadá.
El pago del royalty o patente se extiende no sólo a la semilla sino los
subproductos derivados de ella y se extiende la vigencia del registro
otorgado al obtentor. La ley consagra el monopolio de la semilla por los
obtentores, que tendrán todas las garantías en el mercado, lo que tiene
como consecuencia implícita y obviamente no declarada, la progresiva desaparición de la semilla campesina e indígena.
En los países en que rige el convenio UPOV 91, se criminalizan los
intercambios de semilla y en varios de ellos sólo se encuentra a
disposición de los campesinos semilla “certificada” y/o transgénica, en
el caso del maíz y la soya. Recordemos que Brasil, China, Ecuador, entre otros NO han firmado este convenio,
que no es un convenio emanado de Naciones Unidas sino ha sido generado
por las transnacionales productoras de semillas y agrotóxicos (químicos)
con el apoyo de los gobiernos.