Desde
su época como candidato a ocupar la primera magistratura, el hoy
presidente de Colombia, Iván Duque, nunca asumió una actitud
crítica al uso del fracking en el país como una alternativa para la
ampliación de las reservas de hidrocarburos. Todo lo contario. Duque
se ha mostrado dispuesto a considerar esta técnica como parte del
desarrollo de lo que ha denominado la “economía naranja”. Este
eufemismo ha sido útil para ocultar el verdadero plan de su
gobierno: la producción y explotación de recursos naturales y la
reducción de impuestos a las clases privilegiadas en detrimento de
las clases medias.
En
efecto, la nueva ministra de Minas, María Fernanda Suárez, aseguró
que uno de sus principales propósitos será “convencer al
presidente Duque de que el fracking se puede hacer de manera
responsable y segura”
(https://www.elespectador.com/noticias/nacional/es-posible-hacer-fracking-de-manera-responsable-ministra-de-minas-articulo-805901).
Mediante esta técnica según la ministra, Colombia podría aumentar
sus reservas de gas y petróleo en 19 y 8 años respectivamente. La
pregunta central es ¿qué consecuencias traería la ampliación de
las reservas de estos recursos? Pues el gobierno actual quiere vender
el fracking como la nueva panacea en la reactivación de la economía
de los hidrocarburos pero ignora, al mismo tiempo, las nefastas
secuelas de esta técnica que han sido referenciadas en otros
artículos de este portal
(http://laotraopinion.net/recursos-naturales/petroleoygas/el-gran-dano-del-fracking-a-colombia/).
Los costos naturales y humanos de esta forma de explotación no se
justifican para que unos pocos empresarios foráneos obtengan las
ganancias y el gobierno pueda llenarse diciendo que “aumentó la
inversión extranjera”. No puede una administración hablar de
beneficiar a sus habitantes con proyectos que a todas luces dejarán
grandes daños medioambientales.
El
debate más reciente en la materia lo ha ocupado la instalación de
maquinaria pesada en tres provincias de Boyacá por parte de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos en junio de 2.108. Los rumores de
la llegada del fracking a este departamento despertó la alarma de
sus habitantes que pronto iniciaron las protestas para combatir toda
acción no consultada, por lo que la gobernación pidió suspender
las actividades de la agencia petrolera
(https://www.dinero.com/pais/articulo/boyaca-debate-la-llegada-del-fracking-a-su-territorio/259594).
A
pesar de que la empresa negó el desarrollo de fracking en la región
argumentando que sólo se utilizará la maquinaria para “obtener
información del subsuelo”, las sospechas están fundamentadas pues
los intereses de la empresa polaca Geofizyka Torún están
involucrados. Según la información recabada, la empresa extranjera
fue contratada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos para realizar
estudios de sísmica en la región y no para la explotación de
petróleo. Sin embargo, ¿para qué se realizan estos estudios
sísmicos? La respuesta salta a la vista: para determinar la
viabilidad y potencial que un territorio tiene en materia de
hidrocarburos. En otras palabras, están en una fase exploratoria que
tiene como fin último -si todas las condiciones técnicas lo
permiten- explotar el petróleo y gas mediante el fracking.
A
esto se suma el hecho de que en Colombia existen 48 bloques de
yacimientos no convencionales, 9 de los cuales se ubican en el
departamento de Boyacá
(https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/hay-o-no-hay-fracking-en-boyaca-crece-la
polemica-articulo-795479). Por esa razón, la presencia de las
compañías petroleras ha despertado las sospechas de los habitantes
de 14 municipios del departamento, quienes a través del gobernador
Carlos Amaya han manifestado que “nunca permitirán el fracking en
el departamento pues parte de la columna vertebral de su política es
el cuidado del ambiente y los recursos naturales”. De hecho, la
polémica reside en que las exploraciones se hicieron en
inmediaciones de la laguna de Tota por lo que las implicaciones
socio-ambientales y arqueológicas podrían ser adversas. Al margen
de las consideraciones de las empresas y su aparente intención de
“conocer las condiciones del subsuelo”, es claro que el propósito
fundamental es analizar la viabilidad para iniciar cuanto antes la
implementación de la fractura hidráulica. Dicho de otro modo, los
estudios sísmicos sólo conducen a establecer las condiciones para
comenzar con el fracking que desde el alto gobierno ya ha recibido la
aprobación, de ahí la importancia de la resistencia ciudadana.
El
conflicto social en Boyacá por la explotación del petróleo puede
adquirir nuevas dimensiones pues el caso de la provincia de Sugamuxi
en el oriente del departamento ha comenzado a cobrar importancia en
los medios de comunicación. En este lugar desde 2012 se viene
haciendo exploración de petróleo a manos de la empresa Maurel &
Prom. Ya son dos pozos en los municipios de Tota y Pesca dentro de un
proyecto llamado área de interés exploratorio muisca
(https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/sogamoso-y-el-proyecto-petrolero-que-incendiaria-a-boyaca/36724).
A pesar de la rotunda oposición de sus habitantes, la compañía
francesa continúa con las exploraciones y solicitó al gobierno la
modificación de su licencia ambiental para aumentar su influencia en
la región. El problema fundamental es que en esta zona se encuentran
410 nacederos, de los cuales se extrae agua potable para cerca de los
7.000 habitantes de la provincia. En caso de otorgarse la licencia
las consecuencias serían catastróficas para una población que ya
ha comenzado a evidenciar las secuelas producto de los estudios
sísmicos y la deforestación.
En
contravía de las manifestaciones populares, Ecopetrol ha pretendido
negociar con los campesinos y habitantes de Boyacá mecanismos
conjuntos que permitan la exploración de recursos sin generar
afectación socio-ambiental. No obstante, esta propuesta es una
contradicción en los términos pues toda forma de explotación de
hidrocarburos genera secuelas medioambientales que terminan por
convertirse en problemas de salud pública. La única alternativa
viable para los campesinos es que las empresas abandonen sus
territorios para poder iniciar un proceso de recuperación. Desde
luego, debido a los mezquinos intereses económicos, las empresas
extranjeras con el consentimiento y apoyo de Ecopetrol no dejaran
abandonada una actividad rentable que, bajo la nueva administración,
encontrará vientos a favor. Sin embargo, existe una fuerte oposición
a estos planes que no es mencionada con mucha regularidad por los
medios oficiales por lo que es necesario presentar algunas de las
denuncias de los habitantes de la región.
En
primera instancia, de acuerdo con Patricia Corredor, vocera del
colectivo de la defensa de la provincia de Sugamuxi, el proceso de
sísmica genera secuelas irreversibles en los territorios. Por
ejemplo, por acción de esta técnica se secaron más de 210
nacimientos de agua y 70 familias perdieron sus hogares a causa de
los agrietamientos. Además de lo anterior, los campesinos han
perdido su forma de sustento pues sin cuerpos de agua para regar los
campos, la agricultura que es un eje fundamental en la economía de
Boyacá ha perdido paulatinamente su impulso
(https://www.elcampesino.co/los-mas-afectados-con-la-sismica-y-el-fracking-son-los-campesinos/).
La consecuencia natural ha sido la profunda protesta social que ha
desencadenado en represión por parte de la fuerza pública. La
problemática es aún más compleja si se toma en cuenta la directriz
del nuevo ministro de defensa que busca “regular la protesta
social” lo que en plata blanca significa reprender cualquier tipo
de manifestación contraria al gobierno de turno. Este escenario
resulta preocupante toda vez que las comunidades sólo cuentan con
las manifestaciones como el mecanismo más efectivo para visibilizar
sus problemas, pero si el gobierno insiste en constreñir cualquier
movimiento anti-fracking, el panorama para los defensores de los
derechos humanos es inviable.
Como
lo ha manifestado la organización No
al fracking en Colombia,
esta técnica ha generado afectaciones a los ecosistemas, lo cual se
ha evidenciado en la reducción de los cuerpos hídricos que pueden
generar el aumento en los conflictos socio-ambientales, pues existen
sectores que buscan un acceso equitativo y sostenible que permita
una adecuada distribución del agua en el país
(https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2017/03/2017-03-14-carta-presidente
santosfinalconlogos.pdf). Por eso las posturas enfrentadas son
muy claras: una defiende la explotación de recursos a toda costa en
beneficio de los negocios privados cuyas retribuciones en materia de
regalías no son suficientes para cubrir los daños causados y otra
que respalda el uso responsable del agua y el medioambiente como
centro de una relación equilibrada con la naturaleza. Las protestas
no sólo se dan en Boyacá sino en varios de los 100 municipios donde
potencialmente se podrá realizar fracking. Uno de los casos más
emblemáticos es la puja que se da entre la comunidad indígena U’wa
que quiere por fuera de sus territorios ancestrales a Ecopetrol. Este
resguardo ubicado en Norte de Santander, busca que la empresa de
hidrocarburos no intervenga con sus proyectos en zonas protegidas
(https://www.elespectador.com/noticias/economia/los-uwas-no-quieren-ecopetrol-sus-territorios-ancestral-articulo-644102).
Como este podrían reproducirse miles de ejemplos de colectivos de
ciudadanos que se oponen a la explotación de hidrocarburos y que
progresivamente han recibido atención por parte de los medios de
comunicación.
El
reconocimiento a los opositores al fracking es tal que actualmente
cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley para
prohibir esta técnica en el país. El propósito es impedir la
exploración y explotación de yacimientos no convencionales y
pretende que el país inicie un proceso de transición para que dejen
de usarse combustibles fósiles. El proyecto cuenta con el respaldo
de la lista de los Decentes, el Polo Democrático y la Alianza Verde,
así como algunos cuadros del partido de la U, el Liberal y el
Conservador. La propuesta espera hacerle frente a una de las banderas
del gobierno Duque por lo que se convertirá en un auténtico
conflicto político
(https://www.elespectador.com/noticias/politica/radican-proyecto-de-ley-para-prohibir-fracking-en-colombia-articulo-803549).
La situación es compleja debido a las mayorías que ostenta el
Centro Democrático, el partido pro-fracking en el Congreso, razón
por la cual la lucha en contra de esta técnica deberá continuar a
través de diversos medios y mecanismos. Con todo, el caso de Boyacá
abre una esperanza para que el foco de atención se centre en la
ciudadanía y en las demandas que pretenden acabar con el fracking en
Colombia.
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