Uno
de los bastiones fundamentales de las democracias actuales es la
libertad de expresión. De hecho, es uno de los principios rectores
consagrados en la Constitución de los Estados Unidos, la democracia
más antigua del mundo moderno. En la primera enmienda realizada a la
Carta Magna que data de 1815, se estableció la libertad de culto, de
expresión, de prensa, petición (que es el derecho que permite a los
ciudadanos reclamar ante las autoridades gubernamentales una
compensación por agravios) y de reunión, sin la interferencia del
gobierno (https://www.law.cornell.edu/wex/es/la_primera_enmienda).
Esta serie de garantías resultaron fundamentales para el ejercicio
práctico de la democracia y aún hoy constituyen valores centrales
para el goce efectivo de los derechos.
Sin
embargo, aunque todo parezca positivo sobre el papel, la realidad es
bien distinta, pues la libertad de expresión (ese valor supremo de
las democracias occidentales) ha sido probada una y otra vez a lo
largo de la historia. En no pocos episodios, estas libertades han
sido censuradas, cuestionadas, coartadas o incluso muchas personas
han sido llevadas a la cárcel por tener ideas políticas impopulares
(https://www.aclu.org/libertad-de-expresion).
Baste
recordar el oscuro período en la historia norteamericana comprendido
entre 1950 y 1956 conocido popularmente como el Macartismo.
En medio de la Guerra Fría, el senador Joseph McCarthy extendió
declaraciones, denuncias y acusaciones infundadas de personas
sospechosas de ser comunistas bajo epítetos como “traición a la
patria o subversión”. Varios individuos durante estos años fueron
llevados ante tribunales y no se respetaron los procesos legales
respectivos. Este, que es sólo uno de los momentos donde se puso en
cuestión la primera enmienda, demuestra lo complejo que ha sido su
ejercicio, razón por la cual debe indagarse en torno a ¿qué
límites y qué garantías tiene en la actualidad la libertad de
expresión?
Esta
cuestión toma especial relevancia debido al papel protagónico que
ha tenido Internet como la moneda de cambio en las comunicaciones
actuales. Volveremos más adelante sobre esto. Por ahora, es
necesario mencionar que la libertad de expresión es una condición
indispensable para que se den las demás formas de autonomía social.
No obstante, estos derechos de manifestación tienen una serie de
limitantes que varían de un país a otro, dependiendo del sistema
legal. Por ejemplo, en Estados Unidos existen algunas excepciones a
la primera enmienda tales como: la incitación a una acción ilegal
inminente; el falso testimonio; la obscenidad; la pornografía
infantil; infringir angustia emocional severa o brindar declaraciones
que pongan en peligro la seguridad nacional
(https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/05/140508_libertad_de_expresion_en_estados_unidos_bd).
Bajo el paraguas de esta última limitación, el gobierno de Estados
Unidos ha justificado toda clase de abusos a la libertad de expresión
de miles de ciudadanos pues ¿quién establece realmente qué pone en
peligro la seguridad del país?
El
caso reciente más sonado respecto a la violación del derecho a la
libertad de expresión es el del periodista australiano Julián
Assange, detenido de manera arbitraria en Londres, luego de que fuera
retirado su asilo en la embajada de Ecuador. El fundador, editor y
portavoz del sitio web WikiLeaks (un canal dedicado a la filtración
de noticias de interés público) fue pedido en extradición por el
gobierno de Estados Unidos. La pregunta es si la primera enmienda
puede proteger a Assange. Aunque las opiniones están dividas al
respecto, lo cierto es que Estados Unidos puede crear un artilugio
legal para condenar al fundador de WikiLeaks so pretexto de “haber
violado la seguridad nacional”
(https://www.voanoticias.com/a/eeuu-inglaterra-julianassange-analisis-wikileaks-extradicion-primeraenmienda-ecuador-hilaryclinton-donaldtrump/4873854.html).
Por esa razón, los peligros a la interpretación de las libertades y
derechos están siempre latentes y sujetos en buena medida a quién
lo ordena. En otras palabras, la existencia de la autonomía de
pensamiento y expresión es un tema de poder y no de derechos como lo
comprueba el caso Assange.
En
efecto, su captura fue una operación que violó absolutamente las
convenciones del derecho internacional establecidas por el grupo de
trabajo de la ONU contra las detenciones arbitrarias
(http://www.asturbulla.org/index.php/politica/derechos-humanos/38485-assange-y-los-villanos).
Pasando por encima de las leyes internacionales, los gobiernos de
Ecuador, Reino Unido y Estados Unidos aplacaron a uno de los
periodistas que mayores revelaciones ha hecho en los últimos tiempos
a propósito de las malas prácticas en política. Por eso es claro
que la persecución a Assange es una prioridad del gobierno
norteamericano. En tal sentido, en su carrera a la presidencia Donald
Trump manifestó: “Amo a WikiLeaks”, pero su discurso ha cambiado
drásticamente y es probable que sea la principal figura política
que promueva la extradición de Assange como un bálsamo para
conseguir la necesaria popularidad, ampliamente requerida en estos
tiempos pre-electorales. No obstante, el periodista de origen
australiano parece no tener garantías para un juicio justo.
Además,
según se ha podido establecer, el gobierno de Estados Unidos quiere
juzgar a Assange por hacker y no por periodista. Esto quiere decir
que su colaboración con Chelsea Manning (ex analista del ejército
de Estados Unidos, quién filtró miles de documentos clasificados
sobre las guerras de Afganistán e Irak) para descifrar una clave que
les dio acceso a documentos secretos, es el motivo enrevesado que
quieren utilizar para condenar al creador de WikiLeaks. Lo
preocupante es que un gobierno pueda decidir quién es periodista y
quien no, o incluso pueda considerar qué se puede hacer público, lo
cual genera una clara violación a la libertad de expresión. Por ese
motivo, el caso Assange tiene una consecuencia de fondo y es el hecho
de que la promesa de libertad promulgada por Internet ha llegado a su
fin
(http://www.asturbulla.org/index.php/politica/trampas-y-medios/38489-julian-assange-en-prision-o-el-fin-de-la-promesa-libertaria-de-Internet).
Dicho de otro modo, el mensaje que tiene implícito la captura de
Assange es que el periodismo que se atreva a denunciar, cuestionar o
desafiar al poder será perseguido y juzgado. La libertad de
expresión se convierte entonces en un campo restringido donde se
reproducen las ideas de los poderosos sin el mínimo atisbo de
crítica o cuestionamiento.
Todo
este entramado ha permitido hacer una reflexión en torno a la actual
censura de Internet. De hecho, es una cuestión fundamental en los
tiempos que corren: ¿qué criterios utilizar para saber qué se
puede prohibir y que no? En ese sentido, Mark Zuckerberg, el fundador
de Facebook pidió en una carta publicada por The
Washington Post
“nuevas reglas” para “proteger Internet de los contenidos
peligrosos” e instó “un papel más activo por parte de los
gobiernos” para el control de los contenidos inapropiados o
lesivos.
(https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20190419/461672106928/redes-sociales-censura-reino-unido-australia-facebook.html).
Esta declaración la hace el hombre cuya empresa vendió los datos
personales de millones de usuarios a diversas empresas entre ellas
Cambridge Analytica, responsable de influenciar a millones de
votantes en el mundo. Por esa razón, la libertad sólo es útil
cuando beneficia a los poderosos, pero cuando no los beneficia, la
respuesta es otra: juicio y censura. Resulta, por decir lo menos,
increíble que un hombre que ha dedicado su vida a combatir los
poderes oscuros de la política mundial sea encarcelado y aquel que
vendió información personal de millones de personas sea considerado
un héroe mediático. Parece que las prioridades en este mundo están
invertidas.
Con
relación a lo anterior, en el pasado mes de marzo de 2.019, el
Parlamento Europeo aprobó una nueva directiva de copyright,
lo cual significa un duro golpe para la libertad de expresión en
Internet. Dos artículos particularmente han resultado polémicos: el
primero relacionado con el uso digital de las publicaciones de prensa
desde citas a enlaces, otorgando a los editores el derecho a
autorizar o prohibir su reproducción, lo que brindaría un poder sin
parangón a los creadores. Y la segunda relacionada con la vigilancia
de contenidos protegidos por parte de las plataformas, permitiendo
que “ciberpolicías” puedan monitorear a los usuarios. Para
algunos analistas estas restricciones suponen el fin de una era de
intercambio de conocimientos y contenidos que fue el propósito
fundamental de los inicios de Internet. El hecho de que se hagan cada
vez más rígidos los mecanismos para compartir la información
significa, sin ambages, la limitación y control de los internautas
por parte de un puñado de empresas de informática.
En
efecto, esta medida viola claramente la libertad de expresión toda
vez que restringe la libre circulación de información y limita las
acciones de las personas so pena de ser acusados de infringir delitos
virtuales. Al respecto, Simona Levi, fundadora de Xnet, “califica
el monitoreo como una “gobernanza algorítmica” y aunque las
medidas se circunscriben a los derechos de autor cree que se
extenderán más allá amenazando a la libertad de expresión”
(https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/que-propuesta-directiva-europea-copyright-preocupante-para-Internet).
La tendencia de los gobiernos es a restringir al máximo los usos de
Internet y a bloquear las opiniones disidentes. En consecuencia, es
posible esperar que en un futuro cercano los contenidos estén cada
vez más limitados y las producciones condicionadas a cumplir un
marco regulatorio que no es otra cosa que la castración de los
derechos y libertades virtuales.
Por
ello, el debate central será determinar los mecanismos que se
emplearán para establecer qué contenidos serán “infractores”
de cara a lo que viene. Como otro escenario de relaciones de poder,
Internet constituye un bastión de disputa entre los gobiernos y la
ciudadanía. Ejemplo de lo anterior es la polémica propuesta de la
primera ministra inglesa Teresa May de crear una autoridad
“independiente” que limpie plataformas de contenidos considerados
peligrosos. Sin embargo, ¿no es esta una forma de censura moderna?
En la misma línea, en Singapur se ha presentado un proyecto de ley
contra las fake
news,
donde se permite a ccada uno de los ministros del gobierno, la
corrección y la eliminación de cualquier contenido que considere
falso, lo cual crea una preocupación en torno a la censura en los
tiempos actuales
(https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20190419/461672106928/redes-sociales-censura-reino-unido-australia-facebook.html).
Este complejo escenario hace pensar que las batallas por la libertad
de expresión se librarán en la red y es oportuno que el mundo
conozca que las dictaduras y tiranías comienzan cuando una opinión
contraria a la mayoritaria es ocultada, silenciada o despreciada. La
censura a Internet es un primer campanazo frente a un eventual
gobierno global de dictadores cibernéticos.
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