Silvia Ribeiro*
En las últimas semanas han ocurrido varios sucesos relevantes en la
lucha contra el maíz transgénico y el cancerígeno glifosato que muestran
la importancia que tiene el maíz nativo para la población,
organizaciones y comunidades en México, pero también el empeño de las
trasnacionales para seguir lucrando a costa de la salud de la gente y el
ambiente.
A principios de octubre se hizo público que la Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) rechazó por primera
vez un maíz transgénico de Bayer-Monsanto para consumo. En años
anteriores autorizó decenas de transgénicos de maíz. No para siembra,
que es competencia de la comisión de bioseguridad. Casi todo el maíz
importado va como forraje al negocio trasnacional de cría industrial de
cerdos y pollos, pero este puede llegar a consumo humano intencional o
accidentalmente en el trasiego, almacenamiento, procesamiento o en usos
alimentarios industriales. Ya se comprobó contaminación transgénica de
maíz nativo, que podría tener este origen.
Cofepris basó su decisión en el principio de precaución,
como debería haber sido siempre, pero antes funcionaba como borrego de
las empresas. Bayer (antíquisima fabricante de venenos y ahora
propietaria de Monsanto) alegó que la resolución y cuestionamiento al
glifosato no tiene “bases científicas”. Probablemente se refiere a los
“científicos” pagados por la empresa, una conducta que se demostró y fue
clave para que Monsanto perdiera varios juicios en Estados Unidos por
daños a la salud. Sabía que el glifosato era potencialmente cancerígeno,
pero lo ocultó y pagó a periodistas y “científicos” para escribir
informes alegando que no tiene grandes riesgos (https://tinyurl.com/9zzaxtxk).
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https://jornada.com.mx/notas/2021/10/23/economia/de-vida-o-muerte-20211023/
