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Tras una decisión de 2024 del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California que revocó las normas emitidas durante la primera administración Trump que, según el Centro para la Seguridad Alimentaria (CFS), "prácticamente eliminan la supervisión de la nueva tecnología de ingeniería genética y, en cambio, permiten que la industria se autorregule", el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito falló en octubre a favor de los demandantes sobre el acceso del público general a la información sobre productos modificados genéticamente. La decisión revoca una norma de 2016 del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que permitía el uso de un "código QR" o etiquetado en teléfonos inteligentes para productos alimenticios elaborados con organismos modificados genéticamente. Sin embargo, el tribunal rechazó el argumento de los demandantes de que el uso del término "bioingenierizado" es engañoso, dada la comprensión del público general del uso común de "genéticamente modificado" o "genéticamente modificado". El caso fue presentado por el Centro para la Seguridad Alimentaria en nombre de una coalición de organizaciones de interés público y supermercados, entre los que se incluyen Natural Grocers , Citizens for GMO Labeling, Label GMOs, Rural Vermont, Good Earth Natural Foods, Puget Consumers Co-Op y National Organic Coalition.
