“FRACKING
RESPONSABLE” Y OTROS DISPARATES DEL GOBIERNO COLOMBIANO
La
votación en contra del fracking en Fusagasugá (municipio de
Cundinamarca) fue contundente: el 99, 18% de las personas rechazó
con vehemencia la explotación de hidrocarburos en las inmediaciones
del páramo de Sumapaz. A la pregunta ¿Está
usted de acuerdo que en el municipio de Fusagasugá se realicen
actividades de exploración, perforación y producción de
hidrocarburos, fracking y minería a gran escala?,
39.175 personas dijeron no y tan sólo 202 respaldaron la iniciativa
(https://www.eltiempo.com/bogota/fusagasuga-le-dijo-no-a-fracking-y-mineria-en-la-consulta-283890).
Si bien el censo electoral para la consulta era de 104.538
ciudadanos, el umbral estimado en 34.846 votantes se superó con
creces, por lo que el mandato público se dirige a rechazar la
explotación de recursos del subsuelo. Y no es una decisión menor.
En efecto, de acuerdo con la senadora del Partido Verde, Angélica
Lozano, el páramo de Sumapaz es el más grande del mundo y provee de
agua potable al 15% de la población colombiana
(https://www.semana.com/nacion/articulo/en-vivo--fusagasuga-sale-a-rechazar-el-fracking-y-la-mineria-en-las-urnas/587730).
De hecho, es la principal fuente de agua para Bogotá y sus
municipios aledaños, de ahí que la consulta puede pasar a la
historia como una manifestación de la soberanía popular por evitar
la explotación irresponsable y la contaminación de una de las
fuentes hídricas más importantes del país.
No
obstante lo anterior, el fracking está nuevamente en el centro del
debate en Colombia. A pesar de la decisión democrática tomada en
Fusagasugá que se suma a otras experiencias similares en Boyacá y
Tolima, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, anunció la
realización de una prueba piloto en 2019 con el fin de evaluar junto
con “la academia, las comunidades, los ambientalistas, entre otros
sectores, los impactos y beneficios que traería al país esta
técnica de explotación de hidrocarburos”.
(http://www.elcolombiano.coacking-en-colombia-EX9572622).
El plan piloto que se llevará a cabo en las inmediaciones de
Barrancabermeja en un área de 150 kilómetros por un lado y 60
kilómetros por otro puede incluir otros siete departamentos además
de Santander.
De
acuerdo con el alto funcionario, las reservas petroleras del país
dan un margen de autosuficiencia por seis años, razón por la cual,
las exploraciones en el Magdalena Medio podrían triplicar las
reservas entre 2000 y 7000 millones de barriles. Sin embargo, los
riesgos ambientales de la fracturación hidráulica son latentes por
lo que el presidente de la compañía petrolera ha sido enfático al
afirmar que: “nosotros
no vamos a poner a competir el petróleo y el agua, si en algún
momento pensáramos que alguna de nuestras operaciones tuviera
impactos en el agua, pues no la realizaríamos ya que tenemos un
total compromiso con el cuidado del medio ambiente”. A pesar de
estas declaraciones, lo cierto es que los negocios en el gobierno
Duque ocupan el primer lugar, por lo cual, en caso de encontrar las
fuentes necesarias, Ecopetrol no dudará en sacrificar el medio
ambiente en favor de los capitales extranjeros. Amanecerá y veremos.
Es
tal el afán del primer mandatario por aumentar las reservas de
hidrocarburos que su administración ha llegado a hablar de “fracking
responsable”. Este disparate, como lo dijo el gobernador de Boyacá,
Carlos Andrés Amaya, “es como decirle a una mujer que la van a
violar responsablemente”
(https://www.elespectador.com/noticias/politica/decir-fracking-responsable-es-como-decirle-una-mujer-que-la-van-violar-responsablemente-gobernador-articulo-809858).
Aunque el símil puede ser chocante no falta a la verdad, pues hay
pruebas científicas rigurosas de diversas universidades del mundo
que han demostrado que la fractura hidráulica genera impactos graves
al medio ambiente como la contaminación de fuentes de agua potable y
afectación a la fertilidad de la tierra. No hay evidencias que
demuestren lo contrario, es decir, que como la asegura la ministra de
Minas y Energía, María Fernanda Suárez, se pueda emplear esta
técnica de “manera responsable y sostenible”. ¿Cómo puede
perforarse la tierra, llenarla de peligrosos químicos y aumentar el
riesgo sísmico de manera responsable? Si países como Francia,
Alemania e incluso varios estados de Estados Unidos han prohibido
esta forma de explotación, ¿por qué Colombia sigue empeñada en
realizar pruebas de este tipo? La respuesta tiene que ver con la poca
independencia que tiene el gobierno de Iván Duque respecto a los
grandes empresarios que financiaron su campaña. De ahí radica la
importancia de la resistencia civil para evitar este tipo de
decisiones.
Otro
disparate del gobierno Duque es pretender convertir el fracking en
una alternativa viable para reactivar la economía del país.
Acompañado de la depredación ambiental, la actual administración
busca imponer una de las reformas tributarias más regresivas de
todos los tiempos. De hecho, el polémico ministro de hacienda
Alberto Carrasquilla ha propuesto imponer el IVA (impuesto al valor
agregado) a todos los productos de la canasta familiar, con lo cual,
las familias de clase media y de escasos recursos tendrían un duro
recargo en productos de primera necesidad. Sumado a esta propuesta de
inequidad, los empresarios verían reducidos sus impuestos y entre
los sectores favorecidos estaría la explotación de hidrocarburos.
La ecuación es evidente: mientras las clases populares sostendrán
vía impuestos las acciones gubernamentales so pretexto de “reactivar
la economía”, Ecopetrol dispondrá de enormes hectáreas para
ejercer su explotación “responsable” de hidrocarburos la cual
será financiada con los tributos de Carrasquilla. En pocas palabras,
los colombianos estarán pagando para que unas cuantas empresas
extraigan sus recursos, dañen su medio ambiente y devasten selvas y
ríos.
Por
si no fuera suficiente con esta compleja situación, la Corte
Constitucional tumbó una decisión del Tribunal Contencioso
Administrativo del Meta respecto a una consulta popular que permitió
frenar la extracción de petróleo en Cumaral a cargo de la
multinacional Monsarovar Energy
(https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-dice-que-consultas-populares-no-pueden-prohibir-la-mineria-280098).
El alto tribunal impuso, a través de su fallo, límites a las
consultas populares, con lo cual, este mecanismo de participación no
podrá vetar en el futuro las actividades relacionadas con la
extracción de petróleo y minerales. Dicho de otro modo, la Corte
Constitucional despojó de la única herramienta jurídica que tenían
las comunidades para la protección de sus derechos y dejó el camino
expedito para que las multinacionales puedan retomar sus actividades
económicas. Desde el gobierno nacional y en particular, desde el
Ministerio de Minas y Energía se ha celebrado la decisión como una
“señal importante para la seguridad jurídica del sector
(minero-energético), y para fortalecer el diálogo y la
participación ciudadana”. Pero, ¿de qué diálogo y de qué
participación habla la ministra? Si todas las manifestaciones de la
soberanía popular son vulneradas, ¿qué alternativas tienen las
poblaciones afectadas? Esta circunstancia tiene en vilo no sólo la
consulta desarrollada en Fusagasugá, sino diversas movilizaciones
populares que se encaminan a limitar las acciones perjudiciales de
las compañías petroleras.
El
gobierno neoconservador de Iván Duque que está controlado por el
polémico ex presidente Álvaro Uribe Vélez y por los grupos
económicos más recalcitrantes del país, no tiene en su agenda la
protección de los derechos de las poblaciones vulnerables ni mucho
menos la defensa de las cuestiones medioambientales. Así quedó
demostrado con su decisión de conformar una “comisión de
expertos” que se encargará de determinar los impactos del fracking
en Colombia, así como la regulación normativa con la que se cuenta
para atenuar los posibles riesgos de la aplicación de esta técnica.
Sin embargo, como lo manifestó el ex contralor Edgardo Maya, “ante
la perspectiva de agotamiento de algunos recursos naturales no
renovables se
están buscando opciones desesperadas para
las cuales el país no está lo suficientemente preparado para
mitigar los riesgos y las afectaciones en recursos muy vulnerables e
indispensables para la vida y la continuidad del desarrollo económico
de nuestro país”
(https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/gobierno-da-otro-paso-para-la-implementacion-del-fracking-en-colombia/41583).
En esta declaración se resume las complicaciones y la falta de
criterio científico a la hora de abordar una cuestión tan delicada
como la perforación hidráulica. No obstante, el gobierno sigue
empecinado en demostrar por diversos caminos que el fracking es la
alternativa del siglo XXI.
Desde
esta perspectiva, 2019 será un año complejo para las comunidades
étnicas y culturales que han luchado en contra de la minería y la
explotación petrolera pues como hemos abordado en otros artículos,
la fracturación hidráulica causa daños considerables a la tierra y
es una fuente de contaminación permanente de acuíferos y otras
reservas de agua potable. Si se toma en consideración el bloqueo
legal al que estarán expuestos estos sectores por la decisión de la
Corte Constitucional es probable que existan movilizaciones sociales
como el recordado Paro Agrario Campesino de 2013 o las recientes
protestas estudiantiles. Es claro que las comunidades tendrán que
salir a las calles a defender sus derechos de la intransigencia del
gobierno central. El modelo de explotación económico promovido
desde la Casa de Nariño (y apoyado desde Washington) no es una
sorpresa, de ahí que las manifestaciones populares serán
determinantes para hacer frente a la “economía naranja”.
Es
por ello que surge la necesidad de preguntarse ¿qué alternativas
tienen los sectores de oposición para evitar la llegada definitiva
del fracking a Colombia? El primer acto simbólico ya se llevó a
cabo con la recolección de 100.000 firmas por parte de la Alianza
Colombia Libre de Fracking que fueron presentadas ante el Congreso
Nacional con el fin de mostrar el respaldo popular al proyecto de ley
sobre la prohibición definitiva de esta técnica en el país
(https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/cien-mil-firmas-contra-el-fracking-en-colombia/41572).
Sin embargo, el cabildeo será complicado debido a que el gobierno
cuenta con un importante número de congresistas que bloquearán
todas las iniciativas promovidas desde los grupos alternativos y más
aún si tiene que ver con la reducción de sus negocios.
Una
luz al final del túnel fue la reciente decisión del Consejo de
Estado que mediante una resolución suspendió provisionalmente los
actos administrativos que permitían al gobierno fijar los criterios
de exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no
convencionales. En otras palabras, el Alto tribunal aseguró que “la
autorización en Colombia de la técnica de estimulación hidráulica
puede conllevar un daño potencial o riesgo al medio ambiente y a la
salud humana, cuya gravedad e irreversibilidad se cimienta en la
posible insuficiencia de las medidas adoptadas”
(https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/consejo-de-estado-suspende-normas-que-permiten-fracking-en-colombia-291808).
En tal sentido, la decisión de la comisión tercera del Consejo de
Estado dejó en firme una postura que respalda a los sectores que
promueven la protección del medio ambiente y el principio de
precaución, toda vez que no se conocen con precisión las supuestas
ventajas del fracturamiento hidráulico. De respetar la decisión de
la rama judicial, el gobierno tendría que buscar alternativas para
potenciar la “economía naranja” pues el fracking sería inviable
en el país.
Por
otra parte, la resistencia debe dirigirse hacia grupos de presión
conservadores para quienes toda manifestación popular en contra de
la minería y el fracking hacen parte de una estrategia del
“fundamentalismo ambiental”
(https://www.semana.com/opinion/articulo/rehenes-del-fundamentalismo-ambiental-por-alfonso-cuellar/582321).
Desde esta óptica, cualquier intento de negocio en el ámbito
minero-energético está “secuestrado” por los grupos
ambientalistas que se oponen y mediante el lobby internacional han
afectado significativamente a esta industria. Sin embargo, ¿cómo no
criticar a un sector que genera relaciones de inequidad, monopolios y
severos daños al medioambiente? No es una cuestión de
fundamentalismo sino de realidad. Aquí están en juego dos modelos
de país: uno que promueve el uso sostenible y responsable de los
recursos que está favor de los procesos de integración social y
valora las parte, un modelo enquistado en el poder que tiene como
prioridad el establecimiento de negocios y multinacionales bajo el
paraguas de “la inversión extranjera” que no es otra cosa que la
imposición de una visión economicista de las relaciones sociales.
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