Por: Rodrigo Bernardo Ortega Diciembre de 2018
El
3 de octubre de 2018 será un día histórico para el reconocimiento
de los campesinos y campesinas del mundo. Ese día el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra adoptó por
unanimidad la “Declaración sobre los derechos de los campesinos y
otros trabajadores rurales”. Aunque el documento fue el resultado
de un arduo proceso iniciado a mediados de 2001 e impulsado por
organizaciones como la Vía Campesina, tuvo una férrea oposición
desde diversos sectores, entre ellos, el gobierno de Gran Bretaña,
uno de los pesos pesados en el Consejo de Seguridad de la ONU. Al
observar de cerca el texto es posible reconocer el porqué de esa
actitud. En efecto, el documento contiene una serie de principios que
buscan proteger los derechos de las poblaciones rurales que, según
estimaciones, ascienden a la mitad de la población mundial pero
cuyas condiciones de pobreza y necesidades básicas insatisfechas son
cercanas al 80% (https://www.cetim.ch/derechos-para-los-campesinos/).
Para Gran Bretaña y otros de sus socios económicos, la declaración
puede poner en peligro los intereses de las multinacionales de
alimentos pues dentro de los valores consignados se promueve la
libertad de siembra, asociación, opinión y expresión de los
campesinos, algo que resulta desafiante para los emporios
alimenticios.
De
acuerdo con el relator especial sobre el derecho a la alimentación,
Oliver Schutter, la declaratoria sugiere una enorme contribución en
materia de bienestar para los campesinos en al menos cuatro
dimensiones. Primero, contribuirá a la lucha contra el hambre en las
zonas rurales; segundo, permitirá proteger la agricultura familiar
de pequeña escala de las intenciones depredadoras de las grandes
empresas agroindustriales; tercero, aumentará el acceso a los medios
productivos por parte de los campesinos; y finalmente significará un
instrumento regulatorio enmarcado en el derecho internacional lo que
implica un avance notorio en el reconocimiento de los trabajadores
del campo
(https://www.righttofoodandnutrition.org/files/declaracion_de_las_naciones_unidas_sobre_los_derechos_de_los0acampesinos.pdf).
Con todo, la declaración sugiere un paso significativo para los
campesinos y campesinas del mundo en la continua lucha por la
afirmación de sus derechos. No obstante lo anterior, ¿por qué la
resolución de Ginebra simboliza un duro golpe a las empresas
multinacionales como Monsanto-Bayer? Tomando como base los
principales puntos de la declaración, el presente documento busca
desentrañar las consecuencias que tendrá para los emporios
económicos en caso de que a finales de 2018 la Asamblea General de
la ONU decida aceptar el contenido total del texto.
El
primer paso fue la aceptación en el Consejo de Derechos Humanos
donde hubo 33 votos a favor liderados por Cuba y Ecuador, 11
abstenciones entre las que se destacan los casos de Alemania (casa
matriz de Bayern) y Brasil, este último en vilo con el reciente
triunfo a la presidencia del ultraderechista Jair Bolsonaro.
Finalmente, tres Estados se opusieron a la declaración: Australia,
Hungría y Gran Bretaña. Este panorama muestra que, a pesar de
contar con las mayorías necesarias para la aprobación en la
Asamblea en pleno, el camino estará lleno de obstáculos por cuenta
de las empresas y gobiernos cuyos negocios estarán comprometidos.
Además, debe tomarse en consideración la tendencia mundial del
ascenso de gobiernos de derecha, cada vez más radicales, lo que
significa una afrenta a los derechos humanos. Sin duda, la democracia
está en peligro.
Ahora
bien, la declaración comienza con la definición de campesino,
entendido como un hombre o mujer que tiene una relación directa y
particular con la tierra y la naturaleza a través de la producción
de alimentos u otros productos agrícolas (art. 1). Dentro de esta
categoría se incluyen las comunidades locales, familias y demás
grupos que trabajan la tierra, así como las personas indígenas
dedicadas a dichas labores. También son campesinos los individuos
que por distintas circunstancias no poseen territorio y cuya única
alternativa es vender su mano de obra. Generalmente, los campesinos y
campesinas son personas sin acceso a condiciones dignas de
supervivencia, razón por la cual, la declaración propone una serie
de derechos a título individual y colectivo que sugieren la
protección de la libertad en un marco de igualdad fundada sobre la
no discriminación por su condición económica y sociocultural
(art.2).
Un
punto fundamental en relación con lo anterior es la soberanía
alimentaria que comprende “el derecho a una alimentación saludable
y culturalmente apropiada, producida mediante métodos ecológicamente
racionales y sostenibles, y el derecho a definir sus propios sistemas
de alimentación y agricultura”
(http://www.ecologistas.cl/2018/10/13/onu-declaracion-sobre-los-derechos-de-los-campesinos-y-otros-trabajadores-rurales/).
Este concepto que ha sido construido a lo largo de los años por
organizaciones campesinas es fundamental para entender sus luchas y
demandas y, al tiempo, significa un temor latente para las
multinacionales alimentarias como Monsanto-Bayern. En efecto, al
hablar de soberanía alimentaria se hace referencia al reconocimiento
de sistemas ancestrales y autóctonos en la producción de alimentos
y en la explotación pesquera sostenible, algo que va en claro
detrimento de los intereses de las grandes empresas cuya motivación
es la maximización de las ganancias. Mientras un sistema local
promueve la diversidad en la producción de alimentos, Monsanto
insiste en la compra de amplias extensiones de tierra para sembrar
monocultivos que generen excedentes y vender a otras regiones del
mundo. Los alimentos como negocio y no como derecho. De ahí que, la
declaración signifique un avance notable en el reconocimiento de los
productores locales.
Así
mismo, el artículo tercero de la resolución plantea una serie de
derechos relacionados con la vida, la dignidad y un nivel adecuado de
desarrollo que incluye el hecho de que ningún campesino pueda ser
“acosado, desalojado, perseguido o detenido arbitrariamente”.
Esta circunstancia se relaciona con las condiciones en las que viven
millones de trabajadores del campo en el mundo quienes debido a su
situación económica han adquirido grandes deudas, han tenido que
vender sus riñones o incluso han llegado a suicidarse. Todas estas
circunstancias han sido documentadas por la activista india Vandana
Shiva, una importante voz en medio de la lógica depredadora de
Monsanto
(https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20180127/vandana-shiva-la-revolucion-empieza-en-la-cocina-6573024).
A propósito de la multinacional, uno de los puntos de declaración
sostiene explícitamente que “los campesinos tienen derecho a vivir
una vida saludable y no ser afectados por la contaminación de
productos agroquímicos como los pesticidas y fertilizantes
químicos”. Este parágrafo tiene un destinatario específico: la
empresa norteamericana que con sus productos ha generado una crisis
mundial en la manera de producir y distribuir los alimentos.
Desde
esta perspectiva, la declaración de los derechos campesinos es un
paso histórico para limitar el poder de influencia de Monsanto y
demás empresas que han intentado monopolizar el mercado alimentario
mundial. Amparados por el sistema de Naciones Unidas, los campesinos
podrán contar con un valioso instrumento para protegerse de la
violencia de estos grupos económicos y lo más importante aún,
tendrán autonomía en sus sistemas de producción. En esta misma
vía, la resolución plantea que los campesinos tendrán derecho a
una tenencia de tierras segura y a no ser desalojados por la fuerza.
Esto
es particularmente relevante en un país como Colombia donde el nivel
de desigualdad en el campo alcanza el 89,7%. De las más de 114
millones de hectáreas con las que cuenta la nación, el 54% está
concentrada en propietarios privados y el porcentaje real de
pertenencia a campesinos es inferior al 20%. Casos como el de Quibdó
donde menos del 1% de los propietarios privados es el dueño del 94%
del territorio rural, ejemplifican la difícil situación de los
campesinos en Colombia
(https://www.eltiempo.com/economia/sectores/desigualdad-en-la-propiedad-de-la-tierra-en-colombia-32186).
A esto hay que sumarle la constante violencia de la que son objeto
los trabajadores del campo, los desplazamientos y la poca cobertura
en servicios básicos con la que cuentan. Por tanto, la declaratoria
puede significar una oportunidad sin parangón para reconocer los
derechos de uno de los actores más afectados por el conflicto
armado. Habrá que esperar unos meses para conocer la orientación
del gobierno Duque cuando se realice la votación en la Asamblea
General.
Por
otra parte, uno de los puntos neurálgicos en la declaración es el
“derecho a las semillas y al saber y la práctica de la agricultura
tradicional” (art.5). En este acápite se consignan las libertades
que tienen los campesinos para determinar la variedad de semillas que
quieren emplear. Del mismo modo, los empodera para rechazar la
multiplicidad de plantas que consideren nocivas en términos
económicos, culturales o ecológicos y a evitar el modelo
agroindustrial. Nuevamente, el apartado significa una afrenta a los
proyectos de empresas como Monsanto-Bayern que han buscado
históricamente restringir los canales de producción local y han
limitado a gran escala la biodiversidad. En efecto, por medio de
costosos bufets de abogados, la multinacional ha buscado ocultar sus
crímenes en contra de la humanidad. Aunque no siempre se ha salido
con la suya. Un ejemplo de ello fue la multa de 289 millones de
dólares que el gigante económico deberá pagar a un campesino,
luego de que un jurado en Estados Unidos determinara que el cáncer
terminal que padece fue la consecuencia de exponerse a los agentes
químicos de Monsanto
(https://www.semana.com/mundo/articulo/monsanto-condenado-a-pagar-usd-289-millones-por-un-herbicida-con-glifosato/579263).
La resolución es también una oportunidad para proteger a millones
de campesinos del mundo de la exposición a productos cancerígenos y
que afectan al medio ambiente.
En
tal sentido, los campesinos podrán gozar de nuevas libertades al no
estar avocados a la compra de semillas y pesticidas de la
multinacional. Atrás quedará la dictadura alimentaria que obligaba
a los trabajadores del campo a sembrar determinada especie de semilla
(generalmente genéticamente modificada) bajo el temor de ser
encarcelado
(https://www.elespectador.com/opinion/tener-una-semilla-es-un-delito-la-nueva-dictadura-alimentaria-columna-439703).
Con la resolución se promoverá la biodiversidad biológica
(art.10), la protección del medio ambiente (art.11), las libertades
de asociación (art.12) y el acceso a la justicia (art.13), elementos
claves para el reconocimiento de incansables luchadores sociales. El
paso que acaba de dar el consejo de Derechos Humanos y que se espera
tenga un respaldo avasallador en la Asamblea General, es tan sólo
una primera conquista de los campesinos que tendrán que estar
preparados para la arremetida de las multinacionales y gobiernos que
buscarán a toda costa evitar la aplicación de lo contenido en la
declaración. Es por esa razón que las demandas a favor de la
protección de los derechos de los campesinos y campesinas del mundo
debe continuar.
¡LA
LUCHA APENAS COMIENZA!
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