Por Rodrigo Bernardo Ortega nov-2019
Como
si se tratara de un escenario apocalíptico, digno de las películas
sobre el fin del mundo, la ministra de Minas, María Fernanda Suárez,
aseguró que la decisión del Consejo de Estado de prohibir el
fracking en Colombia es caótica: lo más grave que le pudo haber
sucedido al país. En un tono muy cerca a la manipulación alarmista,
la Ministra se atrevió a decir que el rechazo del alto tribunal
llevaría a la devaluación del peso e incluso un
dólar podría cotizarse en 5.000 pesos en los próximos años.
De acuerdo con datos suministrados por Ecopetrol, las reservas de
crudo en Colombia son para máximo siete años y los cerca de 400.000
barriles de consumo interno, tendrían que importarse. Una calamidad
absoluta, según la Ministra. En esta misma línea, siguiendo algunos
medios de comunicación, la
seguridad energética en el país está comprometida y el fracking
parece constituir la única salvación posible.
Los conceptoa anteriores son un completo absurdo si se toma en
consideración los daños absolutos que la técnica de fracturamiento
hidráulico podría causar. Sin embargo, vamos por partes.
El
primer elemento que debe ponerse en el debate es que la ministra
Suárez como todo el gabinete del (pseudo)presidente Duque sigue unos
intereses específicos, relacionados con los grandes poderes de
multinacionales del petróleo. De manera que le queda muy mal a la
Ministra posar como “preocupada” por la seguridad energética, si
todos saben que son los negocios los que motivan sus “reflexiones”.
Si en verdad la cartera de Minas y Energía, y por extensión todo el
Gobierno Nacional estuvieran preocupados por la situación del país,
entonces dirían algo en torno a que Colombia
es el cuarto país más desigual del mundo,
sólo por debajo de Sudáfrica, Haití y Honduras. Lo más grave es
que, según la OCDE, una familia de bajos recursos tardaría 11
generaciones (¡once!) en alcanzar el ingreso promedio en el país.
Pero hay datos más preocupantes: “el 10% de la población más
rica gana cuatro veces lo que gana el 40% más pobre. El 20% de los
ingresos totales están concentrados en sólo el 1% de la población,
y la mitad total de los ingresos está en las manos del 10% de ella”.
Por si fuera poco, el 1% de la población más rica, junto con
algunas compañías transnacionales, poseen alrededor del 81% de las
tierras en Colombia. Y todavía hay algunos que se atreven a decir
que la concentración del territorio y la desigualdad económica no
son los problemas más graves que aquejan al país.
Por
esa simple razón, las declaraciones de la ministra Suárez son pura
demagogia y oportunismo apocalíptico. ¿A quién quiere manipular la
funcionaria con datos que sólo afectan a las empresas más ricas del
país y a las compañías explotadoras en su mayoría
norteamericanas? El día que ministros como María Fernanda Suárez
denuncien la desigualdad en el país, que hablen con preocupación
sobre los niños que mueren de inanición o las familias que viven
por debajo de la línea de pobreza, ese día sí se les podrá llenar
la boca al hablar de “crisis energética”. ¿Quiere
hacer la Ministra, la “gran Juan Manuel Corzo” y decir que ya no
habrá gasolina para los tres y cuatro carros de los altos
funcionarios del gobierno?.
Señora ministra: hay gente que muere de hambre y que ni toda la
gasolina del mundo o incluso los billetes que usted tanto parece
proteger, les darían lo que más necesitan. Por el contrario, el
fracking representa un peligro definitivo para miles de comunidades
cuyas únicas fuentes de agua potable estarían amenazadas.
En
efecto, ya
habíamos denunciado las graves afectaciones en temas de salud,
cultura, política y economía que el fracking traería consigo.
Sólo por recordar algunas de ellas, están: los riesgos de
sismicidad que podrían ocasionarse con el ingreso de poderosas
máquinas que arrasan todo a su paso; los grandes desperdicios de
agua, pues justamente para la fracturación de las rocas se utilizan
miles de litros del líquido a presión (mezclado con sustancias
tóxicas); y la contaminación de acuíferos y otros cuerpos de agua
a causa de las rupturas de las tuberías y que han producido los
fenómenos de "ríos
de fuego".
De esta manera, no hay que ser ingeniero de petróleos ni experto en
perforación para darse cuenta que el fracking es una industria
dañina y peligrosa. Lo anterior se menciona debido al debate que se
ha generado por “las voces no autorizadas” que han denunciado
esta técnica. Pues bien, tampoco son expertos los miembros de las
comunidades que tienen que padecer las consecuencias de unos pocos
que se lucran a partir de la explotación de la tierra y viven en
carne propia las decisiones que tecnócratas toman desde sus
oficinas.
En
consecuencia, la problemática es mucho más profunda que simplemente
“la crisis energética” o “la ausencia de reservas petroleras”.
El fracking como fenómeno productivo incluye una serie de elementos
que superan el ámbito económico y que podrían incluso relacionarse
con lo que los sociólogos llaman la interseccionalidad.
Este término hace referencia a los elementos de género, etnia,
clase o incluso de orientación sexual que también influyen sobre
las relaciones de explotación y dominación. Dicho de otro modo, el
impacto sobre las mujeres afrodescendientes en Tumaco (donde las
necesidades básicas insatisfechas son cercanas al 50%) es distinto a
las relaciones de dominación y explotación en otras regiones del
país para un hombre blanco. Estos elementos deben incluirse a la
hora de entender un fenómeno como el fracking que no sólo debe
reducirse a las reservas energéticas del país, de hecho, hay detrás
una serie variopinta de temas como: el reconocimiento de las
comunidades ancestrales, la protección del medio ambiente, la
búsqueda de modos de producción alternativos, la inclusión de la
población en la toma de decisiones, entre otros.
Ahora
bien, la decisión del Consejo de Estado se basó en ratificar
la suspensión del fracking en el país,
ignorando la medida cautelar impulsada por el Ministerio de Minas y
Energía que pedía al menos mantener las pruebas piloto en Magdalena
y Cesar. La decisión del alto tribunal se suma a la suspensión
parcial de las normas que regulan la explotación de los yacimientos
no convencionales (Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y
Resolución 90341 del 27 de marzo de 2014) y contribuyó a poner un
alto en las pretensiones de las empresas petroleras en el país. Con
todo, la determinación del Consejo de Estado es un respiro para las
comunidades, como lo dejó ver Carlos Andrés Santiago, miembro de la
Alianza Colombia Libre Contra el Fracking para quien "lo
que está en juego es el agua, el ambiente y la salud de las
comunidades de las regiones donde se desarrollarían los pilotos de
esta técnica".
Esta perspectiva se conecta con el fenómeno de interseccionalidad
pues deja ver el problema en su justa dimensión y no sólo como un
dilema entre la seguridad energética y la “lucha de unos cuantos
ambientalistas”. Por el contrario, el fracking es un asunto que le
compete a todos los colombianos y debe tomarse con toda la seriedad
antes que derive en un problema mayor.
No
obstante, la reacción por parte de la Ministra de Minas y algunos
sectores de la ultraderecha en el país fue la de rasgarse las
vestiduras y asegurar que el Consejo de Estado incurría en un grave
error pues prácticamente condenaba al país a la recesión
energética. La ministra Suárez instó a “dejar la decisión sobre
fracking en manos de la ciencia y no de Twitter”, como si el fallo
de la alta Corte no tuviera relevancia por sí mismo. ¿Qué dirá la
Ministra cuando los estudios científicos sean concluyentes en torno
a los graves daños que el fracking causa a la salud y el medio
ambiente? ¿Tendrá la misma postura o dirá que son estudios pagados
o invenciones de Twitter? Lo grave de este caso es que ella, haciendo
gala de su más vil politiquería, la ministra Suárez busca
manipular a diversos sectores diciendo boca en jarro que las tarifas
de energía y gas se pueden duplicar si no se acepta el fracking en
el país. En otras palabras, o se acepta el fracking o el país
tendrá que lamentar las consecuencias. ¡Qué bajeza, señora
ministra!
A
pesar de lo anterior, hay que ser sumamente prudentes con la decisión
del alto tribunal pues es una medida provisional. De hecho, de
acuerdo con una investigación de Nohora Celedón para el portal de
la Silla Vacía, una sentencia de fondo de las altas Cortes puede
demorar entre cinco y siete años, con lo cual, a
pesar de que los sectores que se oponen al fracking han ganado
algunas batallas, no se han hecho con la victoria definitiva.
Debe considerarse una serie de variables como el término del periodo
de algunos magistrados que, como Ramiro Pazos Guerrero, se han
mostrado en contra de la implementación del fracking. Esto quiere
decir que en cualquier momento se puede reactivar la normatividad que
rige la explotación de yacimientos no convencionales y, con ello, el
fracking podría convertirse en una alternativa de explotación de
hidrocarburos.
Por
lo expuesto hasta aquí, es necesario que los sectores sociales y
movimientos ambientalistas no den su brazo a torcer y mucho menos se
confíen frente a lo que está por venir. Si bien la ratificación
del Consejo de Estado podría parecer esperanzadora, todavía no es
una sentencia definitiva y en la cambiante política colombiana, todo
puede suceder. Sin embargo, esto tampoco resta importancia a la
decisión, de hecho, es un gran triunfo para aquellos sectores que
han luchado con valentía para evitar la contaminación de sus
entornos y debe tomarse en su justa proporción. Lo que debe
rechazarse con vehemencia son las posturas alarmistas y manipuladoras
de personas como la ministra María Fernanda Suárez que quieren
reducir el debate de vida o muerte. Si ese fuera el caso, el fracking
simboliza la muerte del medio ambiente, de los ecosistemas y del agua
potable. Y no sólo eso, pues está en juego la independencia de las
comunidades, su autodeterminación y la oportunidad de decidir su
destino político. Retomando las palabras del novelista Edward Morgan
Forster: “retengamos la idea de lucha: toda acción es una batalla;
la única felicidad es la paz”.
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