LA JORNADA / Silvia Ribeiro
El
26 de marzo pasado entró en vigencia en Estados Unidos una cláusula
legal que permite a Monsanto y las otras trasnacionales de transgénicos
ignorar las órdenes judiciales de suspensión de siembra de cultivos
transgénicos, sea por irregularidades en su aprobación, por falta de
evaluación de impactos ambientales o de salud, por nuevas evidencias
científicas que señalan daños sanitarios o cualquier otra razón. Es una
excepción sin precedentes a nivel global, bautizada Acta de protección a
Monsanto.
Con esta decisión,
Monsanto, Syngenta, DuPont-Pioneer, Dow, Bayer y Basf, las
transnacionales que controlan los cultivos transgénicos, quedan por
arriba del sistema judicial. La decisión va también contra la separación
de poderes, ya que impide que el poder judicial revise las decisiones
de los otros.
Sienta un precedente
gravísimo en Estados Unidos y en el mundo. Refrenda un sistema de
aprobación de transgénicos altamente fallido, que se basa en que los
datos sobre impactos los declara la propia empresa que tiene intereses
de lucro en su liberación. Además impide las iniciativas de
organizaciones civiles, que han logrado en Estados Unidos algunas
resoluciones judiciales deteniendo la liberación de cultivos
transgénicos que no han sido sometidos a evaluación de impactos
ambientales o frente a los cuáles hay evidencia de potenciales daños
severos. Con el acta de protección a Monsanto, ninguna corte podrá pedir
la interrupción de siembras. Tampoco los estados pueden legislar sobre
los transgénicos, ni en su propio territorio.
