LA JORNADA / Silvia Ribeiro
El
26 de marzo pasado entró en vigencia en Estados Unidos una cláusula
legal que permite a Monsanto y las otras trasnacionales de transgénicos
ignorar las órdenes judiciales de suspensión de siembra de cultivos
transgénicos, sea por irregularidades en su aprobación, por falta de
evaluación de impactos ambientales o de salud, por nuevas evidencias
científicas que señalan daños sanitarios o cualquier otra razón. Es una
excepción sin precedentes a nivel global, bautizada Acta de protección a
Monsanto.
Con esta decisión,
Monsanto, Syngenta, DuPont-Pioneer, Dow, Bayer y Basf, las
transnacionales que controlan los cultivos transgénicos, quedan por
arriba del sistema judicial. La decisión va también contra la separación
de poderes, ya que impide que el poder judicial revise las decisiones
de los otros.
Sienta un precedente
gravísimo en Estados Unidos y en el mundo. Refrenda un sistema de
aprobación de transgénicos altamente fallido, que se basa en que los
datos sobre impactos los declara la propia empresa que tiene intereses
de lucro en su liberación. Además impide las iniciativas de
organizaciones civiles, que han logrado en Estados Unidos algunas
resoluciones judiciales deteniendo la liberación de cultivos
transgénicos que no han sido sometidos a evaluación de impactos
ambientales o frente a los cuáles hay evidencia de potenciales daños
severos. Con el acta de protección a Monsanto, ninguna corte podrá pedir
la interrupción de siembras. Tampoco los estados pueden legislar sobre
los transgénicos, ni en su propio territorio.
El texto decidido
está en un párrafo intencionalmente complicado y difícil de entender, en
un documento de 90 páginas sobre diversas competencias federales
(abreviado HR 933). Fue introducido subrepticiamente por el senador Roy
Blunt, quien por años ha recibido cuantiosos donativos de Monsanto e
incluso reconoció que lo redactó junto con la empresa. Varias
organizaciones civiles denunciaron el peligro de esta decisión antes de
su aprobación, logrando más de 250,000 firmas pidiendo el rechazo a la
cláusula. La senadora Bárbara Mikulski, presidenta de la comisión que
dictaminó favorablemente el proyecto, pidió ahora disculpas públicas por
esta decisión.
Pese a que es una
legislación estadounidense, tiene gran impacto en el planeta, porque
amplía el horizonte y paquete legal de las trasnacionales de
transgénicos contra los intereses públicos de los países, contra el
medio ambiente, la salud animal y humana. En ese contexto se ubican las
leyes Monsanto (mal llamadas leyes de bioseguridad), que en todo el
continente han sido redactadas por empresas, con científicos acríticos y
generalmente financiados o por otras vías recibiendo dinero de las
empresas. El caso de México con la ley de bioseguridad, llamada ley
Monsanto desde su aprobación, es uno de ellos. El gobierno ha ido
dictando normativas complementarias para desarmar cualquier uso de la
ley en un sentido precautorio. Quizá el más burdo es el de noviembre
pasado, cuando para dejar sin efecto el artículo 88 de la ley de
bioseguridad, que impide la liberación de maíz transgénico por ser
México su centro de origen, el gobierno cambió el mapa reconocido
mundialmente de centros de origen, alegando que hay zonas de México que
no lo son. Esto a contrapelo del estudio de 70 instituciones y cientos
de científicos, coordinado por la Conabio, que refrendó recientemente
que todo México es centro de origen.
Las empresas
necesitan estas leyes que impidan a los ciudadanos y las cortes tomar
medidas legales, porque sus transgénicos están fallando en grande y
provocando problemas gigantescos. En los estados de Paraná y Brasilia,
en Brasil, la Red Globo reportó la semana pasada el fracaso del maíz Bt
con resistencia a insectos, porque los gusanos cogolleros devoraron el
maíz transgénico luego de haber desarrollado resistencia a la toxina que
se suponía los mataría. Por culpa de los transgénicos resistentes al
glifosato, más de la mitad de las fincas estadounidenses han sido
invadidas por supermalezas que los herbicidas no pueden matar. En el
estado de Georgia, el 92% de las propiedades tiene supermalezas que
resisten uno o varios agrotóxicos. (Tom Philpott, Mother Jones 6/2/13).
Para tratar de vencer esas supermalezas, las transnacionales están
introduciendo transgénicos resistentes a los herbicidas hipertóxicos
dicamba y 2,4 D (éste último componente del Agente Naranja). El aumento
de contaminación de suelos, aguas y gente será indescriptible. En los
últimos meses hemos visto reportes científico de gran trascendencia,
mostrando que maíz transgénico produjo cáncer en ratas y que en la
mayoría de los transgénicos hay partes de un virus no detectado por las
autoridades, que puede tener efectos sobre la salud de los que los
consumen. Por todo esto y más, las empresas quieren impunidad legal para
sembrar transgénicos.
La buena noticia es
que las solicitudes de Monsanto, DuPont-Pioneer y Dow para plantar maíz
transgénico en más de un millón de hectáreas en Sinaloa y Tamaulipas ya
caducaron, aunque el gobierno no lo ha anunciado. Sin duda las numerosas
protestas nacionales e internacionales contra la liberación de maíz en
centro de origen dieron fruto. Pero Monsanto ya introdujo tres nuevas
solicitudes para liberación comercial masiva de maíz transgénico en
Chihuahua, Coahuila y Durango. Están en consulta pública hasta el 29 de
abril (www.senasica.gob.mx/?id=1344).
Como vemos, el tema
de transgénicos no es sólo sobre impactos ambientales y de salud, que
son graves. Se trata en el fondo de si las trasnacionales tomarán las
decisiones fundamentales sobre las bases de nuestra sobrevivencia, en
contra nuestra y con total impunidad.
*Investigadora del Grupo ETC
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