Es evidente que hay un enfrentamiento entre dos visiones sobre el rumbo que debe tomar la política alimentaria de México: una retrógrada que en la práctica está defendiendo los intereses de la élite agroempresarial unida a los de las transnacionales que controlan las semillas (híbridas y transgénicas), así como los plaguicidas, y otra visión progresista que busca ejercer la soberanía alimentaria y profundizar la transformación del sistema alimentario para garantizar los derechos a una alimentación sana, a consumir alimentos producidos en el país sin maíz transgénico e ir eliminando de manera gradual el uso de plaguicidas altamente peligrosos (PAP) que pueden causar daños irreversibles a la salud como cáncer, malformaciones, alteraciones hormonales, además de daños ambientales como son la contaminación de los suelos y del agua, la muerte de las abejas y otros insectos polinizadores.
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