San José, 6 jun (elpais.cr) - En atención a los últimos acontecimientos atinentes al dictamen técnico positivo dado por la Comisión Nacional de Bioseguridad, a una empresa filial de Monsanto, para la siembra de maíz transgénicos en Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes interpuso una acción de inconstitucionalidad, ante la Sala IV, en el mes del Medio Ambiente.
La acción de inconstitucionalidad se basa en la investigación sobre el tema de organismos genéticamente modificados (OGM), con el fin de determinar si el Estado costarricense, ha trascendido en materia regulatoria y de control, establecimiento de políticas públicas; además de realizar un análisis sobre los alcances de las declaratorias de territorios libres de transgénicos emitidas por varias Municipalidades del país.