Con
la soberbia característica de una clase de individuos que ostentan
el conocimiento y el poder como supuesto derecho adquirido y de
manera monopólica, la llamada comisión de expertos “independientes”
convocada por el gobierno de Colombia para analizar las consecuencias
del fracking en el país, produjo un cuestionable informe. La
comisión, compuesta por once académicos nacionales y dos
extranjeros dio vía libre a las pruebas piloto para la explotación
no convencional de hidrocarburos que se lleva a cabo en el norte del
país
(https://images.eltiempo.digital/uploads/files/2019/02/14/WhatsApp%20Image%20201914%20at%204.31.57%20PM%20-2-convertido.pdf).
Según el informe, el fracking no representa una amenaza ambiental
siempre y cuando se sigan ciertos protocolos que deben cumplirse con
rigurosidad. Por una parte, existen una serie de requisitos previos a
los ensayos piloto como el cumplimiento de la ley de transparencia,
la capacitación de personal, la atención de riesgos de salud y el
establecimiento de mecanismos de participación ciudadana. Por otra
parte, las conclusiones de la comisión se centraron en las
recomendaciones en torno a la ejecución de los pilotos a propósito
de garantizar la participación comunitaria y la clarificación de
los medios de transferencia de utilidades a las comunidades que
dejará esta actividad. Según puede leerse entre líneas, los
expertos otorgaron el visto bueno al gobierno para que inicie con la
explotación y contaminación de recursos aún en detrimento de
poblaciones enteras.
En
efecto, las pruebas iniciarán en el norte del país en una
superficie total de 33.915 km. Los departamentos más afectados por
la iniciativa serán Santander cuya cuenca de hidrocarburos
representa el 56%, seguido por Cesar con el 28%, Bolívar con el 8% y
finalmente Antioquia con el 7%
(https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/asi-es-como-ecopetrol-planea-hacer-fracking-en-colombia-327390).
De acuerdo con la comisión “independiente”, el rechazo al
fracking en municipios como San Martín (Cesar), Puerto Wilches y
Barrancabermeja (Santander) obedece a la ausencia de información por
parte de los pobladores y a la desconfianza en torno a la extracción
de riqueza en los territorios y la consecuente generación de
pobreza. Sin embargo, el tono del informe deja ver que el rechazo
vehemente por parte de las comunidades obedece a la “ignorancia y
desconocimiento”,
a mitos y rumores sobre el fracking más que a evidencia empírica.
Esta forma de invalidar los discursos de los campesinos y
trabajadores es una muestra de cómo el gobierno busca a toda costa
la explotación de recursos amparado en una máscara de tecnicismos.
En pocas palabras, todo aquel que contravenga las supuestas
evidencias y estudios, es un “ignorante que detiene el progreso de
la economía naranja”. Qué bajeza.
De
acuerdo con las recomendaciones de los expertos se tendrán que
seguir al menos cinco pasos para la explotación de hidrocarburos de
manera no convencional. Primero, se construirá una línea de base
ambiental, posteriormente se harán los respectivos estudios
hidrológicos (para analizar las consecuencias de contaminación de
acuíferos); a continuación, se dará el levantamiento de la línea
de base de sismicidad, luego la perforación del pozo y finalmente el
análisis de las aguas de retorno. Todo este es el protocolo que
aplicará Ecopetrol para utilizar esta polémica técnica que tiene
férreos defensores como Julio Cesar Vera, expresidente de la
Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos. Según Vera, el
hecho de que el fracking produzca sismos es “técnicamente una
mentira” porque la profundidad a la que se llega es de 3 a 5
kilómetros por lo que cualquier fracturamiento que se haga va a
generar un efecto de 200 metros y una sismicidad asociada como si se
tirara una botella de agua al piso
(https://www.eltiempo.com/economia/sectores/recomendaciones-de-expertos-para-hacer-fracking-en-colombia-327126).
Toda
esta
colección de argumentos a favor de la fracturación hidráulica
demuestra el afán que tiene el gobierno por demostrar la “inocencia”
de esta técnica. Habrá que recordarle a Vera y de paso a todos los
funcionarios del gobierno que en 2014 la compañía Aruba Petroleum
Inc., tuvo que pagar una multa de 2,9 millones de dólares a una
familia en Texas por daños causados a la salud
(https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/tribunal-favorece-familia-afectada-fracking/31177).
Por tanto, no es tan cierto que el fracking no causa daños
ambientales y sociales cuando -ahí sí- las evidencias muestran lo
contrario. ¿Por qué la palabra de los expertos pesa más en algunos
casos que en otros? La respuesta es una: por el dinero y el poder.
A
pesar de que las recomendaciones hechas por la comisión de expertos
“independientes” presenta algunos limitantes en la ejecución de
las pruebas piloto, la realidad es que el gobierno y en concreto la
ministra de minas, María Fernanda Suárez, sólo se quedará con lo
que le conviene: el visto bueno para el inicio de las exploraciones
en busca de hidrocarburos
(https://www.semana.com/nacion/articulo/fracking-en-colombia-comision-de-expertos-dijo-que-si/601668).
Por esta razón, es necesario establecer algunas razones por las
cuales los sectores ambientalistas y alternativos en Colombia deben
resistir a la andanada promovida por el gobierno colombiano. En
primera instancia, como lo manifestó Óscar Sampayo, activista de la
Alianza Colombia Libre contra el fracking, es poca la información a
la que tienen acceso las comunidades en el país. De esa manera, el
Estado busca ocultar las verdaderas consecuencias de la fractura
hidráulica con el fin de reducirlo a un asunto técnico. No existe
claridad ni transparencia en el procedimiento y aunque los defensores
del fracking han dicho que “entre mayor conocimiento, menores son
los riesgos”, la verdad es que entre más se conozca sobre esta
técnica mayores serán los sectores que se le opongan. Por ese
motivo, quien tiene el conocimiento, tiene el poder de decisión.
En
segunda instancia, existe algo que podemos denominar “desconocimiento
programado”, es decir, que no hay en la actualidad un inventario de
los recursos hídricos, las plantas, los animales y demás especies,
como también se desconoce el potencial de las aguas subterráneas (y
no importa conocerlo). Dicho de otro modo, no se tiene una valoración
de las posibles consecuencias que el fracturamiento hidráulico
traería. Supuestamente la comisión de expertos realizó una serie
de trabajos de terreno para analizar las posibles consecuencias, pero
no se presentaron ningunos resultados al respecto. Sencillamente se
dio una aprobación sin tomar en cuenta los bienes y recursos que
podrían afectarse. Este desconocimiento programado tiene como
propósito subvalorar los peligros, convertirlo en simples “reclamos
de ambientalistas”. No obstante, la cuestión de fondo es que se
genera un ocultamiento estratégico por parte del gobierno y sus
instituciones para evitar que más gente se movilice en contra del
fracking.
La
tercera razón para oponerse y resistir es la mitomanía a propósito
del “fracking responsable”, pues no existe tal disparate. Como lo
ha manifestado continuamente la
Alianza Colombia Libre contra el fracking, no hay en el mundo una
tecnología capaz de realizar la perforación y producción de pozos
sin extraer consigo material radioactivo y tóxico
(http://www.uniminutoradio.com.co/es-conveniente-o-no-el-fracking-en-colombia/).
Si así fuera, países que se consideran a la vanguardia de la
industrialización como Alemania o Francia, no tendrían prohibida
esta técnica. El gobierno colombiano siguiendo (como es su
tradición) las órdenes impuestas desde la Casa Blanca, pretende
crear un aura de “neutralidad y responsabilidad” en torno al
fracking que está lejos de la realidad. Por el contrario, el visto
bueno de la comisión de expertos fue un duro golpe para aquellos
sectores independientes y soberanos que sí entienden los peligros
que se traerían consigo. La ilusión que quiere crear el gobierno de
Iván Duque es que la producción de 5.000 nuevos barriles de
petróleo es un éxito de su plan de gobierno, pero al tiempo busca
ocultar las terribles consecuencias ambientales ocasionadas por la
fractura de rocas.
Por
último, es oportuno preguntarse ¿quién toma en consideración las
demandas democráticas de las poblaciones? Existe una clara tendencia
autoritaria por parte de la actual administración a negar las
opiniones y reparos de los opositores a tales proyectos. La comisión
resolvió este asunto tildando a estas comunidades de
“desconocedoras” de los procedimientos, pero al margen de esta
muestra de desprecio y elitismo, ¿no es Colombia una supuesta
democracia? Ejemplos como Jericó (Antioquia), Fusagasugá
(Cundinamarca), Curumal (Meta), Plata (Huila) y Cajamarca (Tolima)
son la muestra fehaciente de que la participación es la piedra
angular de todo proceso democrático, razón por la cual, las pruebas
piloto también tienen que pasar el tamiz de un mecanismo
participativo, de lo contrario se estaría desconociendo la soberanía
de las poblaciones
(https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/municipios-en-colombia-que-le-han-dicho-no-al-fracking-298502).
Sin embargo, para nadie es un secreto que el gobierno Duque es
autoritario, antidemocrático y violento con los desposeídos.
La
muestra de lo anterior es el discurso desarrollista de la economía
naranja bajo el cual se busca ocultar los graves peligros ambientales
al que estarán sometidas miles de personas. Para la ministra de
Minas y Energía, las recomendaciones de la comisión son “integrales
porque incluyen una variable social y no sólo técnica”. Tanta
hipocresía para validar algo que a todas luces no se respetará. En
efecto, el gobierno es el primero en criticar las consultas populares
como mecanismos de soberanía porque impide que se desarrollen
proyectos minero-energéticos que se consideran fundamentales para el
“desarrollo” del país. En otras palabras, ni a la ministra ni al
presidente le importa la protección de las comunidades, si así
fuera se prohibiría de inmediato el fracking.
Detrás
de la noción de desarrollo hay un asunto mayor y más grave: la
profundización del imperialismo económico. Las mismas empresas que
han explotado el petróleo históricamente en el país ya
manifestaron su interés de hacerse con los pozos no convencionales.
Y no es una sorpresa que dichas compañías sean de origen
norteamericano. La Exxon Mobile y la Conoco Phillips quieren hacerse
con el control de los recursos encontrados en el Magdalena Medio
(http://caracol.com.co/radio/2019/02/15/economia/1550250155_611304.html).
En ese sentido, los acuerdos comerciales con el magnate-presidente,
Donald Trump, incluyen la entrega de la soberanía nacional a favor
del imperialismo trasnacional. Esto quiere decir que el fracking no
sólo trae consecuencias socioambientales sino también económicas,
de ahí el porqué de la resistencia.
A
manera de epítome puede decirse que el fracturamiento hidráulico
trae daños irreversibles al medio ambiente y por ende a los
pobladores de una región específica. Por esa razón, el anuncio de
la comisión de expertos resultó ser un baldado de agua fría para
las comunidades que se resisten a la explotación de sus territorios.
El riesgo a la salud por la contaminación de aguas subterráneas es
alto pero la comisión ha querido pasarlo por alto. Más allá de los
estudios técnicos y de tratar a los pobladores como “ignorantes”
y desprovistos de capacidad de decisión, los académicos deberían
limitar aún más el uso de esta técnica con el fin de proteger las
especies animales y vegetales en un mundo que camina hacia la
autodestrucción. Por eso, la resistencia al fracking es un asunto de
vital importancia.
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