Tras la publicación del decreto presidencial que prohíbe el cultivo de maíz transgénico y su eliminación en la alimentación de las mexicanas y mexicanos, así como la eliminación del herbicida glifosato --considerado como probable cancerígeno por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS)- en todos los programas de gobierno de manera inmediata, y su sustitución total en una fecha que no puede pasar del 31 de enero del 2024, la agroindustria ha reaccionado.
El sector agroindustrial, principalmente Bayer-Monsanto y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), ha emprendido una artera estrategia legal y de comunicación contra el decreto. Hasta ahora han interpuesto 12 amparos y el CNA mencionó que tiene un presupuesto de 12 millones de pesos mexicanos para estrategias legales y de marketing para deslegitimar y sabotear dicho ordenamiento presidencial.
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