El decreto presidencial publicado el 31 de diciembre del 2020, que marca la prohibición del maíz transgénico y el glifosato para 2024 ha sido blanco de múltiples ataques por las grandes corporaciones agroalimentarias -que incluso han interpuesto 26 amparos en contra- con el argumento de que el decreto es inviable, que el herbicida glifosato es seguro y que no hay un sustituto.
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