«Décadas de progreso en la UE en materia de derechos de los agricultores y protección de la salud de las personas y el medio ambiente no deberían descartarse en aras de las ganancias de la industria biotecnológica. Las medidas de seguridad no obstaculizan la innovación, ni tampoco las normas actuales que se aplican a los OMG. La legislación de la UE no prohíbe la investigación y el desarrollo: su objetivo es garantizar que lo que se desarrolle no viole los derechos de los ciudadanos de la UE a la salud y la protección del medio ambiente», explica Eva Corral, coordinadora de campaña sobre OMG de Greenpeace en la UE.
El análisis jurídico que acaba de publicar la organización ecologista muestra que, si se adopta, la ley podría violar un amplio corpus de derecho constitucional de la UE, incluidos varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, porque las normas sobre controles de seguridad, etiquetado y trazabilidad se eliminan o se rebajan. También podría violar los derechos fundamentales de los agricultores a la propiedad y a la libertad de gestionar un negocio, porque no proporciona suficiente protección contra la contaminación de los cultivos con nuevos OMG. Éstos, actualmente, están cubiertos por la legislación vigente de la UE sobre OMG, y todos los OMG están sujetos a controles de seguridad, trazabilidad y etiquetado.
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