Autoridades destruyeron más 4.000 toneladas de semillas de pequeños y medianos cultivadores que no deseaban usar transgénicos.
Tanto en la Unión Europea como en Colombia, y
otros países, las licencias obligatorias para el uso de semillas
tradicionales son altamente controvertidas. Los críticos temen que el
negocio solo lo hacen los consorcios. Las protestas contra el dictado de
las licencias para sembrar alimentos son diversas.
En Colombia, cuando el cultivador quiere sembrar nuevas semillas ya no puede utilizar las propias. La directiva 970 del año 2010 lo obliga a usar solo semillas registradas en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Así, los campesinos colombianos no pueden comercializar ningún producto vegetal cuyas semillas no estén certificadas por el ICA.
Según la ONG colombiana Red de Guardianes de las Semillas de la Vida
, “dicha limitación es obra del cabildeo de grandes consorcios como
Monsanto, Syngenta y Dupont”, dice la activista Cynthia Osorio Torres.
Solo estos podían registrar las semillas que ahora los
campesinos tienen que comprar. “Los pequeños cultivadores no pueden
llenar las exigencias de la certificación y han quedado, prácticamente,
por fuera del mercado”, recalca Torres a DW.