Hace diez días conocimos una sentencia judicial que condena a Monsanto a indemnizar con cantidades de dinero muy importantes a un jardinero que estuvo expuesto durante años al herbicida glifosato
y sufrió un cáncer que le provocó la muerte. En concreto, el gigante
agroquímico ha de pagar 39,2 millones de dólares por los daños causados a
esa persona y 250 millones por no advertir a los usuarios que la exposición al herbicida Roundup causa cáncer.
La polémica estaba servida y así ha sucedido durante días en los que las redes sociales se han inundado de comentarios. Cuando ocurre algo así el debate suele centrarse en los aspectos científicos y en concreto en si el glifosato es cancerígeno o no. En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó que el glifosato probablemente es carcinógeno. Hay otras instituciones, unas más independientes que otras y algunas claramente cooptadas por los informes y lobbistas de los fabricantes del tóxico agrícola, que exponen que no.
Pero el caso no es ese, que también. Lo que se ha juzgado es el derecho fundamental a la información que tenemos en temas que atañen a nuestra salud. La salud es uno de los derechos humanos fundamentales y así lo recoge la propia OMS:
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Más:
http://www.migueljara.com/2018/08/21/caso-sentencia-glifosato-se-juzga-el-derecho-a-la-informacion-en-temas-de-salud/
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