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En dos sentencias innovadoras, el Tribunal de Justicia de la UE ha declarado ilegal la evaluación de pesticidas por parte de los Estados miembros de la UE. Los fallos ponen fin a la práctica común de ignorar el conocimiento científico reciente y dar prioridad a estudios industriales de décadas de antigüedad. El Tribunal recuerda que los criterios de seguridad para las sustancias activas plaguicidas también se aplican a las formulaciones plaguicidas comerciales. Finalmente, el Tribunal aclara que cada Estado miembro es responsable de sus autorizaciones nacionales y no puede confiar ciegamente en la evaluación científica de otros Estados miembros.
En 2019, PAN Europa presentó tres denuncias ante un tribunal holandés contra la reautorización de Closer (sulfoxaflor), Dagonis (difenoconazol) y Pitcher (fludioxonil). En todos los casos, la agencia holandesa de autorización de plaguicidas (CTGB) no utilizó los conocimientos científicos más actualizados en el marco de la evaluación de riesgos de los plaguicidas. PAN Europa también planteó la cuestión de que la CTGB no tuvo en cuenta las directrices más recientes para evaluar la alteración endocrina o la toxicidad para las abejas. En 2022, el tribunal holandés remitió cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE.