Pese a que la siembra de soya transgénica está prohibida en el país, incluida la península de Yucatán, se estima que entre un tres y cinco por ciento de las plantaciones de este grano en la región son ilegales, indicó Arturo Carrillo, coordinador nacional de la Alianza Nacional Apícola.
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La deforestación de las selvas de la península de Yucatán es una historia de muchos cambios de ritmo, iniciada durante la Colonia con la explotación del palo de tinte e intensificada a partir del siglo XIX con la extracción de maderas preciosas y el intercambio que establecieron los mayas rebeldes con los colonos ingleses de Belice: caoba, zapote y cedro por armas, hasta llegar a nuestros días. La selva, o lo que queda de ella, requiere de muchos cuidados y la expansión de la frontera agrícola es una amenaza constante sobre ella.
Muy especialmente, el cultivo de soya es de los que mayor presencia ha tenido en las últimas dos décadas. El atractivo detrás de esta leguminosa es la ganancia económica, pero hay muchos otros intereses detrás. Monsanto, el gigante trasnacional de las semillas, es uno de los principales promotores de soya genéticamente modificada o transgénica; cultivar esta oleaginosa no obedece a obtener un alimento en sí. Su principal uso es la extracción de aceite para su empleo en alimentos industrializados o ultraprocesados.
En este periódico hemos dado cuenta de la lucha contra los campesinos mayas contra este cultivo, que también tiene un factor económico a tomar en cuenta: la producción de miel y el castigo que le impone el mercado europeo particularmente cuando se detecta la presencia de polen de un organismo genéticamente modificado (OGM).
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https://www.lajornadamaya.mx/opinion/209382/soya-la-perenne-amenaza
“El Comité Nacional de Bioseguridad debe abstenerse de evaluar nuevos eventos transgénicos como la soya HB4 porque viola la Constitución Política del Estado Plurinacional, la soberanía alimentaria y los Derechos de la Madre Tierra” sostienen Pablo Solón y Fátima Monasterio en nota dirigida a los ministros de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos; de Desarrollo Rural, Remmy Gonzáles; de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta y de Salud, Jeyson Auza.
La nota señala que el artículo 409 de la CPE establece que “la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por Ley”, por lo que, cualquier actuación estatal que se realice mientras no exista la normativa que determine el marco legal para la regulación de los transgénicos en Bolivia, es un acto inconstitucional y podrá estar sujeto a las sanciones correspondientes.
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La agrupación internacional Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) dan seguimiento a una denuncia realizadas por habitantes de 14 comunidades del municipio de Hopelchén en Campeche, ya que sospechan de siembra ilegal de soya y maíz transgénicos, por lo que han solicitado a la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) que atiendan este caso con urgencia.
La solicitud de inspecciones también la han dirigido al Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para conocer quién o quiénes han sido las personas responsables de la presunta siembra de transgénicos en esta zona del país.
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En Hopelchén, Campeche, hay más de 6 mil familias apicultoras en la supervivencia ante la caída de los precios de la miel provocada por la pandemia de Covid-19 y la falta de mecanismos para exportación, así como por el bombardeo de agroquímicos usados en la siembra de soya transgénica. En entrevista, Leydy Pech –reconocida con el Premio Goldman 2020– denuncia que, pese a que su batalla en contra de la actividad de Monsanto ha llegado hasta la Suprema Corte la contaminación continúa.
Pandemia de Covid-19, inundaciones, intoxicación por agroquímicos,
devastación de la selva y la reducción al mínimo del sustento económico
mantienen en ña supervivencia a las comunidades indígenas mayas de la
Península de Yucatán. En Hopelchén, Campeche, cada día se convierte en una batalla por sobrevivir,
defender el medio ambiente y su modo de vida. Más de 6 mil familias
resisten ante el embate de los megaproyectos, los intereses económicos
de los agroempresarios y la pobreza ancestral.
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El pasado 30 de noviembre, Leydy Pech, apicultora maya oriunda del poblado de Hopelchén en Yucatán, obtuvo el premio Goldman (el premio ambiental más importante del mundo) por su lucha en contra de Monsanto y a favor de la protección de la apicultura y el medio ambiente en la Península, aspectos fundamentales para las comunidades mayas yucatecas y de la población en general.
En entrevista para el portal de la BBC Mundo, Pech afirma que su lucha no fue fácil: “Lo más difícil fue, en primer lugar, entender la complejidad y los daños que causaría el permiso que el gobierno mexicano había otorgado a Monsanto para la siembra de soya transgénica en los territorios de comunidades mayas de Hopelchén. Como pueblo indígena, nosotros desconocíamos el impacto que tendría ese permiso. (…) Lo primero que quisimos fue entender qué significa transgénicos.
Para empezar, ni siquiera sabíamos qué era la soya GM (genéticamente manipulada) ni los daños asociados a ese cultivo. (…) Una vez que logramos comprender las afectaciones que nos traía esa siembra de soya transgénica en nuestros medios de vida, especialmente en la apicultura, decidimos organizarnos, hacer una unidad del pueblo maya de Hopelchén. Entonces interpusimos dos amparos (uno como comunidades indígenas y otro como organizaciones de apicultores)”.
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https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/monsanto-y-las-abejas/
El pasado 18 de agosto la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió una nueva resolución sobre el permiso de siembra comercial de soya transgénica otorgado a Monsanto, en la que confirmó la revocación de esta autorización y determinó la necesidad de adoptar el principio precautorio para proteger al medio ambiente.
El Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes espera que esta sentencia sirva para reforzar la vigilancia que debe hacer el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en la región, y para sancionar a quienes siembren soya transgénica ilegalmente.
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impunidad administrativaque demuestra la falta de capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a los malos servidores públicos.
