Son
países aliados en política exterior, pero muestran enormes diferencias
en su relación con las corporaciones trasnacionales del agronegocio,
encabezadas por Monsanto.
Tras
los años duros del neoliberalismo, Venezuela y Argentina iniciaron el
siglo XXI encabezando el camino de integración de Suramérica, con
acciones de defensa y avance.
Venezuela
construyó con sus aliados político-ideológicos el ALBA, su espacio
estratégico, que explícitamente se propone superar el capitalismo.
Primero lo tuvo que impulsar sólo con Cuba; luego se sumaron Bolivia y
Ecuador, y más recientemente Nicaragua.
Además,
privilegió la relación con los países de Caribe, del que forma parte, y
algunos de ellos también se sumaron a la Alianza Bolivariana. Muchos
más son los que -incluso bajo la órbita de los EEUU- reciben la
solidaridad de Petrocaribe, que primero fue un acuerdo energético y
ahora además intenta proyectarse como espacio de integración económica y
social.
En
un mundo marcado por la ofensiva de EEUU, y con una tendencia clara a
la integración para hacerle contrapeso, el espacio del ALBA encontró
como aliados políticos fundamentales a los países del sur: Brasil,
Argentina y Uruguay. Y también Paraguay, mientras gobernó Lugo, depuesto
por un golpe de Estado de nueva generación, impulsado por la derecha,
en alianza con las trasnacionales del agronegocio.
¿Hacia la soberanía alimentaria?
Venezuela,
en su camino original y trabajoso hacia el socialismo, estableció
políticas para limitar el poder de las corporaciones de la alimentación.
Chávez más de una vez fue categórico respecto a las semillas
modificadas genéticamente. “El pueblo de los Estados Unidos, de América
Latina y el mundo deben seguir el ejemplo de una Venezuela libre de
transgénicos”, aseguró el 21 de abril de 2004, tras anunciar que se
cancelaba un contrato con Monsanto, que quería plantar 200 mil hectáreas
de soja modificada genéticamente.
“Ya
hemos prohibido un ensayo que nos querían meter por ahí con
transgénicos y estamos poniendo la barrera respectiva a nivel nacional a
estos productos que hacen mucho daño a la agricultura y a la soberanía
de nuestros pueblos”, explicó Chávez. ”Ordené ponerle fin al proyecto”.
A
pesar de esta orientación estratégica, el desarrollo de una economía
productora de alimentos en un país rentista petrolero y terrateniente
-con casi toda la población migrante a la ciudad durante el siglo XX-,
no resultó tarea fácil.
Se
realizaron expropiaciones de grandes latifundios improductivos
-superando las tres millones de hectáreas- y se otorgó la tierra a las
familias campesinas. Además, el gobierno impulsó la vuelta al campo.
Pero no promovió eficazmente la economía agrícola del pequeño productor y
las empresas estatales presentaron grandes fallas, a menudo atravesadas
por el burocratismo. Sin contar la presencia, dentro de las
instituciones, de “técnicos” portadores de paradigmas productivos más
afines al agronegocio que a la agroecología.
En
un nivel general, la línea de Chávez continuó primando y las
trasnacionales no pudieron controlar el negocio, como sí pudieron,
primero con gobiernos neoliberales y luego con gobiernos
neodesarrollistas, en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.
Se
impulsaron políticas que favorecieron a la agricultura campesina.
Además de la Ley de Tierras, hubo un apoyo en recursos, insuficiente
pero real. Hoy, en el campo, el chavismo es clara mayoría. Las familias
que trabajan la tierra se identifican e impulsan la Revolución. Sólo los
dueños de grandes propiedades, organizados en gremios como Fedeagro, se
encuentran en las filas opositoras.
Ángel
Prado, vocero de la Comuna El Maizal, lo sintetizó así hace pocas
semanas, en el Estado Lara, casi en el límite con Portuguesa: “La mayor
parte de nosotros éramos esclavizados por el patrón y hoy estamos
produciendo para la vida. Estamos claros que podemos derrotar al
capitalismo”. Lo escuchaban dos ministros: Elías Jaua, de Comunas; y
Reinaldo Iturriza, de Cultura, que estuvo en Comunas desde abril de 2013
hasta septiembre de 2014. El debate giraba sobre la necesidad de
avanzar en la soberanía alimentaria.
Se
trata de uno de los máximos desafíos en esta etapa, ante una economía
mayoritariamente en manos de grandes empresas, muy poderosas, que
todavía siguen controlando aspectos fundamentales: la importación, la
producción y la distribución.
El
impulso a la economía comunal es un objetivo prioritario tras el Golpe
de Timón (octubre de 2012), pero incipiente y de por sí, que no alcanza
para resolver la urgencia del corto plazo: enfrentar a la ofensiva
empresarial, centrada en la desaparición de los insumos básicos del
mercado formal.
La Ley de Semillas
En
este marco, desde hace varios años viene creciendo la presión de las
empresas, los grandes agricultores y sus cámaras gremiales. En 2013 el
diputado José Alfredo Ureña presentó a la Asamblea Nacional un proyecto
de Ley de Semillas. En su texto se mantenía “la perspectiva
agroecológica”, pero reconociendo expresamente los “derechos de
propiedad intelectual en materia del desarrollo de nuevas variedades de
semilla y cultivares”. Rápidamente el movimiento popular se activó y se
manifestó frente al Parlamento. El proyecto fue retirado y se acordó
construir una nueva Ley de Semillas con consultas a toda la sociedad,
empezando por los campesinos y campesinas.
La
Constituyente por una nueva Ley de Semillas tomó un impulso mayor.
Entre 2013 y 2014 se realizaron cinco encuentros en diferentes partes
del país, donde se elaboraron una fundamentación de principios y aportes
para el articulado. En los encuentros participaron movimientos
ecologistas, estudiantes, campesinos, diputados, más todos los que
quisieran.
El
14 de octubre se aprobó el proyecto de ley en primera discusión. Los
movimientos y colectivos esperan que el trámite parlamentario se
concluya rápido. Erika Molina, del Colectivo Autana Tepuy, expresó a
Notas: “Esperamos que se inicie un proceso parlamentario de calle o una
consulta popular, en conjunto con la Asamblea Nacional”, para que sea
aprobada “antes de que termine el año”. “Ya el pueblo está concientizado
de lo que implican los transgénicos. Desde 2012 es que estamos
debatiendo”, afirmó.
Consultada
por la existencia de políticas contradictorias en esta materia, la
joven militante expresó que “así es, pero la nueva Ley de Semillas es un
marco de transición a un modelo más sano”. Destacó la posibilidad de
implementar políticas de agroecología y también que “aunque la derecha
se oponga, hay fuerza parlamentaria para aprobarla, como se demostró en
la sesión”.
Con
sus contradicciones, el nivel de debate y de las políticas públicas en
Venezuela se mantiene alto y existe una clara línea expresada por Chávez
y continuada por Maduro. En el sur, por el contrario, el modelo
Monsanto continúa avanzando a pasos agigantados.
Fernando Vicente Prieto
Corresponsal de Notas en Caracas – @FVicentePrieto
Fuente: http://notas.org.ar/
http://www.alainet.org/active/78105&lang=es
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