El pasado junio coincidían dos noticias de enorme calado para la
protección de la salud, la seguridad y la soberanía alimentaria.
En Argentina se instauraba el 16 de junio, Día de la Ciencia Digna y se hacía pública la "Declaración Latinoamericana por una Ciencia Digna. Por la prohibición de los transgénicos en Latinoamérica". Esta declaración resume 5 años de trabajo de varios científicos que han puesto sus investigaciones al servicio de la población rural Argentina, víctima de cáncer, malformaciones genéticas y otras enfermedades por las fumigaciones aéreas de glifosato sobre la soja transgénica, aportando pruebas de los daños de los transgénicos y su paquete tecnológico.
En la Unión Europea, el consejo de ministros de Medio Ambiente, tras 4 años de debates, aprobaba el 12 de junio la modificación de la normativa de autorización de transgénicos con el acuerdo mayoritario de los estados miembros: 26 estados miembros votaron a favor, entre ellos España; sólo Bélgica y Luxemburgo se abstenían. La propuesta de Directiva, que aún debe pasar por el Parlamento y el Consejo, ha conseguido el voto de países a favor y en contra de los transgénicos, con lo que una vez que se apruebe, se agiliza el proceso de autorizaciones de nuevos cultivos transgénicos.
En un contexto en el que la Unión Europea y sus instituciones sirven a los intereses de las multinacionales agrobiotecnológicas y está en entredicho la independencia de los científicos que participan en las evaluaciones de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la nueva normativa, aparentemente es mejor que la actual porque permite la autonomía de los estados para prohibir los transgénicos en su territorio. Sin embargo, aunque en primera instancia un Estado no tendrá que justificar su veto a los transgénicos, la multinacional afectada puede rechazar el veto. En ese caso el Estado tendrán que justificar sus razones socioeconómicas, de gestión del territorio, orden público, política medioambiental o agrícola.
El Acuerdo de Libre Comercio EEUU-UE, que se negocia en secreto amparará a las empresas que denuncien ante tribunales internacionales a los estados cuyas normas les causen perjuicios económicos por lucro cesante. Al permitir que las empresas cuestionen las decisiones de los Estados, la nueva norma supone una mayor adaptación de las instituciones al nuevo entorno de libre comercio transatlántico que facilitará la extensión de los cultivos transgénicos en la UE.
En países con gobiernos protransgénicos -como España- las multinacionales del agronegocio van a aumentar la contaminación y los cultivos transgénicos experimentales.
La ministra de agricultura, García Tejerina elogia las ventajas tecnológicas de los transgénicos ante las que la “UE no puede quedarse atrás” y celebra el resultado de la votación argumentando que “había que desbloquear la situación”.
Realmente, este cambio de paso es ventajoso para las multinacionales, aunque públicamente protesten. En 16 años sólo han conseguido: a) el cultivo del maíz transgénico MON 810 autorizado desde 1998 y producido casi exclusivamente en España que aporta el 90% de las 150.000 hectáreas declaradas en la UE, según cifras oficiales, y b) la patata Amflora que se autorizó en 2010 pero fracasó y en 2011 Basf trasladó sus investigaciones fuera de la UE. Aunque la Comisión Europea declara que no está “ni a favor ni en contra de los transgénicos”, con la nueva normativa podrá acelerar las autorizaciones de cultivo sin ser acusada de hacer caso omiso de la voluntad de los países miembros que habitualmente paralizan las decisiones del Consejo de Ministros, generalmente en minoría o con una mayoría insuficiente.
No desaparece la unidad jurídica en el ámbito europeo respecto a la importación y comercialización de transgénicos que seguirá amparada por el Consejo Europeo. Ningún estado, aunque se declare libre de transgénicos, podrá prohibir la comercialización de pienso transgénico ni la entrada de este tipo de alimentos en la cadena alimentaria. Esto significa que seguiremos consumiendo transgénicos a través de los productos de origen animal, lo que nos hace corresponsables de los daños sobre la población fumigada con glifosato para tratar la soja transgénica que alimenta nuestro ganado. Tampoco se reducirán los cultivos experimentales a cielo abierto en los que el estado español está a la cabeza en Europa.
No hay condiciones políticas en España para esperar la prohibición de cultivos transgénicos a nivel estatal. Los gobiernos del PP y del PSOE han garantizado la continuidad de los cultivos comerciales y experimentales de transgénicos incluso en los 4 años de moratoria europea (de 11-6-1999 a 19-5-2004) y siguen incumpliendo la obligación de transparencia sobre su localización, impidiendo así el seguimiento de sus impactos. La oposición social a los transgénicos -rota la unidad antitransgénicos en 2005 para negociar con el gobierno del PSOE una imposible coexistencia- no ha desbordado, hasta ahora, la voluntad del PSOE y hace tiempo que abandonó las demostraciones masivas en la calle.
Hay más razones que nunca para exigir la prohibición total de cultivos y alimentos transgénicos. Defendamos a las víctimas de los transgénicos, apoyándonos en los científicos independientes que les defienden. La directiva aún no está aprobada y podemos aprovechar su proceso de debate para conformar una nueva unidad en la oposición a los transgénicos con vocación internacionalista y sume voluntades.
Por la Salud, la Seguridad y la Soberanía Alimentarias
16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación Agroecológica sin Transgénicos ni Agrotóxicos
CAMPAÑA
DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN AGROECOLÓGICA
(16 OCTUBRE 2014)
Alimentar al mundo, cuidar el planeta
Defender la Agricultura Familiar Agroecológica
Garantizar una Alimentación sin Transgénicos ni Agrotóxicos
De:
http://www.kaosenlared.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=97674:por-una-alimentaci%C3%B3n-sin-agrot%C3%B3xicos-ni-transg%C3%A9nicos
No hay comentarios:
Publicar un comentario