A través de un comunicado, los habitantes de
ambos pueblos manifestaron su preocupación por “las intimidaciones,
amenazas, falta de libertad, de seguridad y de buena fe” en el proceso
de consulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó hacer
con respecto a los permisos de siembra de soya transgénica.
Como se ha informado en estas páginas, en
2012 la Secretaría de Agricultura le otorgó a Monsanto la autorización
para que dicha compañía sembrara soya genéticamente modificada en 253
mil hectáreas de la Península de Yucatán, lo cual despertó la
inconformidad de miles de familias indígenas que se dedican a la
apicultura.
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