El abogado explicó que en Uruguay, a diferencia de otros países, todavía
no se han implementado muchas herramientas jurídicas "que deberían
implementarse, por ejemplo, según un decreto en 2008 se estableció que
en un cierto plazo debía sancionarse una ley nacional de bioseguridad, y
la ley hasta ahora no se ha sancionado".
El objetivo de esta ley era regular todo lo referente a
"biotecnología, bioseguridad, información que debe brindarse y cómo debe
brindarse esa información, cómo tienen que ser las etapas para que se
apruebe un evento transgénico, las garantías del debido proceso, tanto
para la empresa que presenta su solicitud para presentar un transgénico,
como también para la otra parte interesada que es toda la población",
comentó el activista.
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