Los cimientos del país del maíz: sostenidos por un decreto

Desde 2013, la siembra de maíz transgénico está prohibida en México. Y ahora un nuevo decreto presidencial ha vetado su entrada para consumo humano: el producto modificado genéticamente sólo podrá importarse para forraje y alimento animal. Una decisión necesaria —pero todavía insuficiente— para la comunidad de científicos y activistas que llevan años tratando de frenar la importación del maíz amarillo estadounidense, responsable de diseminar sus semillas en los campos mexicanos y poner en riesgo la biodiversidad mexicana. El cereal supremo de la nación, legado sagrado de las culturas mesoamericanas, jamás debió formar parte del Tratado de Libre Comercio, defienden algunas voces.

Proteger la soberanía alimentaria del país y la biodiversidad del grano nativo no son las únicas cuestiones discutidas en la mesa de negociaciones entre estados, los daños al medio ambiente y la salud están en juego. La decisión normativa también anuncia la prohibición paulatina de importar a México un herbicida del que depende el maíz transgénico. El cereal modificado cuenta con ciertos genes para resistir la fumigación de hasta más de una decena de pesticidas diferentes, uno de ellos es el glifosato, el agroquímico más utilizado en México y en el mundo. Clasificado en el 2015 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como probable carcinógeno, su exposición en alta dosis se ha relacionado con retrasos en el desarrollo, enfermedades intestinales, daños en hígado y riñones, entre otros. En los últimos años, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha aportado evidencia científica rigurosa sobre sus efectos nocivos. Un trabajo que el organismo mantiene.

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