El decreto cita la Constitución mexicana para reconocer la obligación del Estado de cumplir con “derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad” y “a la protección de la salud y a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas”, en un país que se autoabastece de maíz blanco para el consumo humano. Además, respecto de la prohibición del uso de glifosato y los agroquímicos que lo tengan entre sus activos en 2024, el decreto cita las investigaciones científicas que “han alertado que el glifosato tiene efectos nocivos en la salud, el medioambiente y la biodiversidad” y cómo el agroquímico “ha sido identificado como probable carcinogénico en humanos por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer (IARC-OMS)”.
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