El 25 de septiembre, la justicia constitucional faltó a su rol de protección a los derechos y las garantías constitucionales al denegar la Acción Popular presentada en contra de los efectos de la aplicación de los decretos transgénicos.
Aludiendo una autorrestricción, la Sala Constitucional Primera de Santa Cruz tomó una decisión sin analizar el fondo de la petición; mucho menos consideró el principio precautorio y el deber de diligencia emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo cual representa un nefasto antecedente.
...
Más:
No hay comentarios:
Publicar un comentario