El 17 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo promulgó una reforma constitucional que prohíbe el cultivo de maíz modificado genéticamente. La medida se adoptó tras la sentencia dictada en diciembre por un tribunal comercial, en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canada (T-MEC), a favor de una demanda de Estados Unidos que alegaba que el decreto presidencial de México de 2023, con restricciones más amplias al consumo de maíz transgénico, constituía una práctica comercial desleal al prohibir el uso de maíz transgénico en las tortillas.
El gobierno mexicano se mostró públicamente en desacuerdo con el fallo, alegando que los tres árbitros no habían tenido en cuenta las pruebas científicas que México presentó en el caso, que duró un año. Sin embargo, el gobierno decidió acatar la decisión y anuló las tres partes específicas del decreto que, según el panel, limitaban las futuras importaciones de maíz transgénico. Sin embargo, el gobierno dejó intactas las medidas del decreto que eliminaban progresivamente el uso del herbicida glifosato, establecían un protocolo para el seguimiento de las importaciones de maíz transgénico en el país y prohibían el cultivo de maíz transgénico en el país.
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