Rodrigo Bernardo Ortega julio-2019
Una
de las promesas de campaña del hoy presidente de Colombia, Iván
Duque, fue que bajo ninguna circunstancia iba a permitir la
explotación petrolera vía fracking. Es claro que todos los
políticos realizan propuestas que jamás cumplirán, pero tener un
giro de 180 grados en uno de los temas más polémicos y peligrosos
en el mundo, demuestra la poca independencia que tiene el jefe de
Estado para tomar sus propias decisiones.
Iván
Duque tiene la presidencia hipotecada.
En
efecto, el entonces candidato llegó afirmar que en Colombia existe
la “superposición de ecosistemas diversos y complejos, acuíferos
subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad
por los tipos de suelos que tenemos, por eso he dicho: en Colombia no
se hará fracking”
(https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/en-colombia-no-se-hara-fracking-la-promesa-de-ivan-duque-en-campana-presidencial/20190215/nota/3864510.aspx).
Esta frase se la han recordado al hoy presidente quien parece haber
olvidado, de repente, todas las nefastas consecuencias de esta
técnica y la riqueza de las aguas subterráneas en el país. El
hecho de permitir que una comisión de expertos analice la
“viabilidad” de la fracturación hidráulica es un claro indicio
de su deseo por continuar por esta vía de explotación. Sin embargo,
el camino para aceptar definitivamente el fracking en Colombia no
será nada fácil.
Veamos
por qué:
En
primera instancia, multitudinarias marchas en por lo menos 70
municipios del país, se llevaron a cabo en contra de la decisión
del gobierno de dar vía libre a esta técnica de explotación. La
Marcha-carnaval por el agua, contra el fracking y la minería
contaminante, logró reunir a miles de personas que se concentraron
en las principales plazas del país para exigirle al presidente Duque
que cumpla su palabra de prohibir el fracking
(https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/galeria/asi-fue-la-marcha-carnaval-contra-el-fracking-y-la-mineria-contaminante/44504).
A pesar de que parezca un acto simbólico, la marcha-carnaval fue una
manifestación política que demuestra la transformación social que
se está generando, pues los líderes de la marcha fueron estudiantes
de colegios y universidades que tienen una perspectiva muy distinta
con respecto a la protección del medio ambiente y los recursos
naturales. No sólo fue una marcha más en el país, sino una
concentración con fines políticos de llevar la cuestión del
fracking a la agenda de lo público y generar un debate de altura
frente a los daños que trae consigo esta técnica.
Sumado
a la toma de conciencia política, la implementación del fracking
tiene además una traba de un orden jurídico. En efecto, el Consejo
de Estado suspendió las normas que regulan la explotación de
yacimientos no convencionales (Decreto 3004 del 26 de diciembre de
2013 y Resolución 90341 del 27 de marzo de 2014), al considerar que
no existen elementos que prueben su utilización segura. En una
reciente decisión, el alto tribunal pidió a la Universidad Nacional
conformar una comisión que entregue un concepto para tomar un fallo
de fondo sobre la suspensión definitiva de la reglamentación o
permitir su uso controlado. Este grupo que es diferente a la Comisión
de expertos convocada por el gobierno, deberá emitir un concepto en
el inicio del segundo semestre de 2.019
(https://www.elheraldo.co/economia/el-largo-camino-que-le-queda-la-entrada-del-fracking-en-colombia-644180).
Por esa razón, miembros de la comunidad académica, enviaron una
carta a la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya,
solicitando más tiempo para el análisis de las implicaciones del
fracking, pues debe tenerse en cuenta en su dimensión integral que
incluya no sólo variables biofísicas sino también elementos
socioeconómicos, ambientales y culturales.
Desde
esta perspectiva, la comisión de la Universidad Nacional tendrá un
importante papel para defender al país de la fracturación
hidráulica, pues si el Consejo de Estado emite un fallo de fondo
sobre su decisión, es posible que el fracking quede prohibido
definitivamente. Sin embargo, conociendo la argucia del presidente y
de sus poderosos jefes, la batalla económica y legal continuará. De
hecho, para la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez,
si el país comienza a explotar los yacimientos no convencionales, la
autonomía energética se podría triplicar y las reservas de
petróleo y gas serían de 24 años y 30 a 50 años, respectivamente
(https://conexioncapital.co/habra-fracking-en-colombia/).
Desde el ámbito económico, según la ministra, los beneficios
serían considerables pues el país podría obtener 14 billones de
pesos adicionales por año. Su postura, es respaldada por el
economista Juan Pablo Ruíz, para quien el hecho de negar la fractura
hidráulica, podría traer graves consecuencias en temas de
abastecimiento energético en Colombia
(https://es.panampost.com/felipe-fernandez/2019/06/28/fracking-colombia/).
Según esta visión, si el gobierno cede ante la presión de los
grupos ambientalistas, en unos años el país podría tener una
crisis energética considerable y necesitaría importar petróleo y
gas, algo impensado para un territorio con grandes reservas de
hidrocarburos.
Siguiendo
esta misma línea, la ministra asegura que los ingresos vía recaudo
tributario estarían en el orden de los 230 billones de pesos, además
de 90 billones en regalías, en total 320 billones, lo que representa
un 35% del PIB en Colombia
(https://www.elheraldo.co/economia/el-largo-camino-que-le-queda-la-entrada-del-fracking-en-colombia-644180).
Esa es la razón por la cual la ministra Suárez insiste en permitir
los pilotos en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, en Cesar, La
Guajira, Antioquia y Santander. En caso de demostrar que el fracking
puede llevarse a cabo de “manera responsable”, se estaría dando
un paso en su aceptación. No obstante, por cuenta del fallo emitido
por el Consejo de Estado, los pilotos se encuentran suspendidos y la
Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), tampoco puede
aprobar conceptos favorables para la fracturación hidráulica. De
acuerdo con los defensores del fracking, la técnica ha evolucionado
de manera permanente por lo que los primeros daños causados en el
ambiente han sido controlados y corregidos, entonces por este motivo,
en países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Argentina, esta
forma de explotación ha sido aceptada.
En
contraste con la postura del gobierno y los economistas de
ultraderecha, los cuestionamientos a la fracturación hidráulica se
concentran en tres aspectos. Por una parte, los niveles de sismicidad
que puede generar la actividad, los cuales justamente fueron
denunciados por Iván Duque- candidato. En este orden de ideas, se ha
logrado relacionar la entrada de tubería y químicos a presión con
sismos de diferentes grados. La segunda dimensión tiene que ver con
el uso y disposición final de la industria, pues para generar la
fractura de las rocas se utilizan grandes cantidades de agua
mezcladas con una serie de químicos que, al volver a la superficie,
contienen altos índices de contaminación. Además, existe el riesgo
permanente de que las tuberías se rompan y contaminen los acuíferos
(otra de las grandes preocupaciones de Iván Duque-candidato).
Finalmente, algunos estudios han dado cuenta de las afectaciones en
la salud de las poblaciones que han estado expuestas a esta técnica.
No sólo con agua contaminada que se enciende en fuego al contacto
con gas (https://www.youtube.com/watch?v=1DhF9xPZfYo),
sino además por las emisiones que contaminan el aire.
De
hecho, las razones otorgadas por el Consejo de Estado para suspender
provisionalmente la reglamentación de los yacimientos no
convencionales estuvieron relacionadas con el aumento de la
sismicidad, la contaminación hídrica y la afectación de la salud,
aún más tomando en cuenta que el fracturamiento se desarrolla en
zonas protegidas y ecosistemas estratégicos como los páramos
(https://www.elheraldo.co/economia/el-largo-camino-que-le-queda-la-entrada-del-fracking-en-colombia-644180)
(nuevamente una de las hipócritas preocupaciones de Iván
Duque-candidato). Por si fuera poco, la Contraloría General de la
Nación, publicó un estudio sobre los riesgos y afectaciones
ambientales de la utilización del fracking en el país. Sin embargo,
en una acción que podría juzgarse digna de Poncio Pilatos, el
contralor, Carlos Felipe Córdoba, dijo que el órgano de control no
se opone si se hace de manera responsable
(https://www.dinero.com/pais/articulo/en-que-quedo-el-fracking-luego-de-la-audiencia-del-consejo-de-estado/273006).
De esta manera, diversos organismos dentro del Estado colombiano se
han mostrado desconfiados frente al uso de fracking como mecanismo de
explotación de hidrocarburos. Pero debe tomarse en cuenta que los
socios del presidente harán hasta lo imposible por lograr la
aceptación de la técnica.
Por
esa razón, la batalla contra el fracking en Colombia será larga y
complicada pues diversos sectores harán presión para que se logre
la aceptación definitiva de esta técnica que pone en riesgo la
salud humana y la calidad del medio ambiente. Otro de los elementos
que debe considerarse, es el aumento de la brecha social que se ha
generado históricamente en los municipios petroleros. En efecto, la
gran paradoja es que en estos territorios existe grandes recursos
producto de las regalías, pero poca inversión social, lo que
profundiza los niveles de desigualdad. De esa manera, de acuerdo con
Leonardo Donado Garzón, uno de los miembros de la Comisión de
expertos, “el gobierno debe dar garantías de protección al
ambiente y ofrecerles a los municipios acueductos y agua potable,
plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros proyectos”
(https://www.vanguardia.com/economia/local/brecha-social-clave-para-aprobacion-de-fracking-en-santander-AF1135662).
Así las cosas, la explotación de yacimientos no convencionales sólo
traería ventajas a los grandes grupos económicos, o lo que es lo
mismo, a los socios del presidente Iván Duque. Es importante
entonces que las acciones públicas sigan siendo parte de la
estrategia de los sectores que se oponen a la explotación de los
recursos naturales.
El
concepto técnico de los expertos de la Universidad Nacional marcará
un antes y un después en la historia ambiental del país. De las
recomendaciones que este grupo le haga al Consejo de Estado dependerá
la decisión de suspender definitivamente la reglamentación del
fracking en el país. Por ese motivo, estos meses son determinantes
para conocer si el gobierno de Iván Duque tendrá vía libre para
envenenar el medio ambiente de un país que todavía padece las
secuelas de la contaminación, de los errores técnicos en el
transporte de petróleo y en el ejercicio desaforado de la
explotación minera. Los políticos no dimensionan el daño que sus
decisiones han traído al país, pues en busca del “equilibrio en
la balanza de pagos” y otro tipo de conceptos falaces, miles de
personas han estado expuestas a graves afectaciones sociales,
culturales y económicas. Con todo, la batalla por el fracking no ha
terminado y las manifestaciones continuarán hasta que el presidente
traiga a su memoria aquellas frases que pronunció en su campaña,
cuando no le debía la presidencia a nadie.
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