Por Fernando Frank*
Argentina fue uno de los primeros países en aplicar la tecnología de la transgénesis en cultivos agrícolas, a partir del año 1996, con la introducción de la soja resistente al glifosato. En mayo de 2015, el país se convirtió en el primero en el mundo en aprobar una normativa para las manipulaciones genéticas realizadas con las llamadas “Nuevas técnicas de mejoramiento aplicables a vegetales” (NBT, por sus siglas en inglés), a través de la Resolución 173/2015 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. En esa resolución se establece que las plantas manipuladas mediante estas técnicas, en los casos en que la autoridad regulatoria lo determine, no deberán pasar por las evaluaciones previstas para los cultivos transgénicos.
Las empresas desarrolladoras de la tecnología ven a las evaluaciones de transgénicos como un proceso largo, caro y trabado burocráticamente. Consideran que les hace perder tiempo, recursos y oportunidades de negocios. Desde la perspectiva de las organizaciones críticas en el campo argentino y en el Cono Sur, las evaluaciones están completamente viciadas por los conflictos de interés, no tienen en cuenta las voces críticas de consumidores, agricultores y defensores de la naturaleza. Con una concepción acorde a la tecnociencia capitalista, el Estado argentino plantea que las evaluaciones tienen que estar en manos de “expertos” en ciertas disciplinas, en particular agronomía e ingeniería genética. Pero no incluyen a voces expertas, de estas mismas disciplinas, con visiones críticas a las aprobaciones e implementaciones de los transgénicos en agricultura. Tampoco son escuchadas las voces que representan críticas desde la cultura, la economía, las ciencias sociales.
...
Más:
