Por Carla Poth*
Las semillas, una vez más, vuelven a ser tema de agenda. La cartera de Desregulación y Modernización del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, impulsó modificaciones en los marcos regulatorios de los organismos de patentes y semillas que habilitan el proceso de privatización de los recursos fitogenéticos. En las sombras y de manera completamente antidemocrática, la aprobación de la Resolución Conjunta N° 3 y la derogación de la Resolución N° 283 modifican aspectos fundamentales de la Ley de Semillas (20.247), vigente desde 1973. Por un lado, habilitan el control de las empresas semilleras sobre lo que los productores plantan en sus campos a partir de la toma de muestras en los acopios. Por el otro, se abre la puerta para permitir la privatización de la vida y, en este marco, de la propia semilla a través de la modificación del régimen de patentes.
Tal y como ocurrió en la década de los 90 —cuando se creó la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria, en 1991, y se aprobó la soja Roundup Ready, resistente al herbicida glifosato, en 1996—, los cambios más radicales en torno a la estructura de la producción agraria en Argentina se hicieron, nuevamente, a través de actos reglamentarios de bajo nivel jerárquico.
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