Tras cuatro años de suspensión de varios derechos constitucionales en El Salvador, comunidades rurales afectadas por la expansión de la caña de azúcar denuncian enfermedades, contaminación y un clima de miedo que dificulta exigir responsabilidades.
Aurora Moreno y Laura Villadiego. Bajo Lempa (El Salvador)
En la comunidad de Taura, el último al que le fallaron los riñones fue a Toñito. Era quien preparaba las mezclas de glifosato que luego se cargaban en los drones para rociar los cañaverales. “Lo enterramos hace unos meses”, cuenta Manuel Eugenio Hernández, uno de sus vecinos. Antes que él, otros seis murieron por lo mismo en esta comunidad salvadoreña de apenas 50 familias. “La gente decía que era la plaga del zancudo que llevaba a la muerte, pero después, ya en los diagnósticos, parece que el glifosato está metido en los riñones de las personas”, explica Hernández, a quien sus riñones tampoco le funcionan bien, a pesar de que él nunca ha trabajado con los agrotóxicos.
El Salvador es uno de los países más afectados por las enfermedades renales crónicas que, desde hace varias décadas, no han dejado de aumentar en Centroamérica, casi siempre vinculadas a entornos rurales con un uso intensivo de agrotóxicos. Según el Ministerio de Salud de El Salvador, el país se enfrenta a una “doble epidemia” de enfermedades renales crónicas “por causas tradicionales y no tradicionales”. Las primeras afectan sobre todo a personas mayores de 60 años con patologías previas, como diabetes o hipertensión. Las “no tradicionales”, las que han afectado a varias personas en Taura, suelen cebarse con personas más jóvenes que no tienen condiciones previas. Así, en 2011, un estudio ya señalaba que más de la cuarta parte de los hombres del Bajo Lempa, donde se encuentra Taura, presentaba síntomas de insuficiencia.
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