Solicitar el etiquetado de alimentos transgénicos
en Estados Unidos se ha convertido en una constante, y en un quebradero
de cabeza para la industria agroalimentaria que se opone a esta medida.
Algunos estados del país han solicitado este tipo de etiquetado y a
pesar de todos los esfuerzos realizados han fracasado, podemos citar
como ejemplos la Proposición 37 de California o el Proyecto de Ley SB 18
en Nuevo México. Sin embargo, la batalla continúa, las iniciativas para
solicitar una legislación transparente e informativa sobre los
alimentos transgénicos están vivas en el estado de Oregón (aunque
todavía se está fraguando) y en Washington, al respecto sería
interesante retomar la lectura sobre la iniciativa 522. Ahora el Estado de Illinois se suma a la solicitud para que se etiqueten los alimentos transgénicos.
Se trata de un nuevo Proyecto de Ley
denominado SB 1666 preparado de forma conjunta por el Senador Dave
Koehler y grupos de defensa de los consumidores del estado, además
cuentan con el apoyo de organizaciones de todo el país, ecologistas,
productores orgánicos, etc. En este proyecto, como en los anteriores
casos, el Estado de Illinois pide el etiquetado de alimentos transgénicos.
Los partidarios indican que el SB 1666 es una oportunidad de cambiar la
legislación alimentaria y respetar el derecho de los consumidores,
también consideran que propiciaría nuevas investigaciones que
permitieran ampliar la comprensión de los cultivos transgénicos. El
etiquetado ofrecería información al consumidor y permitiría ejercer el
derecho a valorar y decidir, siendo conscientes plenamente de lo que
realmente están consumiendo.
Estos grupos no quieren que las empresas decidan por ellos, algo que hacen al negarse a etiquetar los alimentos que contienen ingredientes modificados genéticamente. En el caso de que esta propuesta saliera adelante, se obligaría al etiquetado de todos aquellos alimentos cuyo contenido transgénico se excediera de un 1%, se incluyen tanto los alimentos producidos en el estado como los que provengan de cualquier otro estado o país. Como la mayoría de alimentos procesados que se pueden adquirir en los supermercados contienen derivados de soja, algodón o maíz transgénico, estos deberían etiquetarse como tales.
Estos grupos no quieren que las empresas decidan por ellos, algo que hacen al negarse a etiquetar los alimentos que contienen ingredientes modificados genéticamente. En el caso de que esta propuesta saliera adelante, se obligaría al etiquetado de todos aquellos alimentos cuyo contenido transgénico se excediera de un 1%, se incluyen tanto los alimentos producidos en el estado como los que provengan de cualquier otro estado o país. Como la mayoría de alimentos procesados que se pueden adquirir en los supermercados contienen derivados de soja, algodón o maíz transgénico, estos deberían etiquetarse como tales.
Los que promueven el Proyecto de Ley SB 1666 reconocen que en lo que respecta a riesgos para la salud por el consumo de alimentos modificados genéticamente
no son muy evidentes por la falta de estudios, pero consideran que este
tipo de productos se han vuelto omnipresentes en el sistema alimentario
desde que empezaron a introducirse hace un par de décadas, los han
introducido en silencio y sin ofrecer la información correspondiente al
consumidor, algo que consideran que viola sus derechos. Por otro lado,
no están de acuerdo con los actuales estudios, la razón es que han sido
presentados por las empresas que desarrollan estos alimentos, las
interesadas, y por tanto todos los datos son siempre favorables.
Reivindican más estudios independientes, actualmente hay muy pocos y la
razón es que estas empresas biotecnológicas prohíben el cultivo de sus
productos con fines científicos.
Para muchas personas es una prioridad que
el etiquetado alimentario sea transparente, independientemente de que
sean o no prejudiciales para la salud o el medio ambiente, es de ley que
se informe a los consumidores y que ellos puedan decidir. Según leemos aquí, esta es una de las prioridades para grupos como el Chicago Food Policy Advisory Council (CFPAC),
una organización que representa a agricultores y personas que abogan
por un cultivo sostenible. En una democracia, las empresas no deben
tener privilegios especiales, como por ejemplo estar exentos de
etiquetar e informar al consumidor, de acuerdo que se basan en el
principio de equivalencia sustancial, es decir, que un alimento
transgénico cuya equivalencia en peso, imagen y contenido nutricional es
similar a la de un alimento tradicional, es totalmente seguro, pero
muchos consumidores no lo ven así, consideran que son alimentos
distintos y que los estudios aportados no son imparciales.
Pero no se trata de cuestionar si son
alimentos inocuos o perjudiciales, el tema es informar al consumidor y
que libremente decida según sus convicciones, un derecho que hasta el
momento ha sido vetado, esto provoca que aumente aún más la
desconfianza. El Presidente del CFPAC pone como ejemplo a la Unión
Europea y como el proceso de aprobación de alimentos modificados genéticamente
no es tan sencillo como en Estados Unidos, también destaca cómo algunos
países prohíben su cultivo o introducción en la cadena alimentaria. A
todo esto añade que las encuestas realizadas en Estados Unidos
determinan que el 91% de los votantes quieren que se apliquen las etiquetas
identificativas de este tipo de alimentos. En esta cuestión discrepamos
un poco, la razón es obvia, de momento ya han desestimado dos proyectos
para modificar las leyes alimentarias en esta cuestión, un 91% hubiera
facilitado la aprobación en California o en Nuevo México.
En fin, como decíamos, cada vez son más
los estados de Norte América que se suman a esta solicitud, podéis
conocer más detalles del Proyecto de Ley SB 1666 a través de este enlace
a la página oficial de la Asamblea General de Illinois. Nos da la
impresión de que este proyecto no saldrá adelante, pero seguro que
conoceremos nuevas noticias sobre otros estados que se sumarán a esta
petición.
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