Transgénicos, plaguicidas y deforestación persisten en la península de Yucatán

En entrevista con La Jornada, el litigante recordó que en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo la autorización otorgada por el gobierno mexicano en 2012 a la empresa Monsanto para la siembra de soya transgénica, y ordenó la realización de una consulta a los pueblos indígenas de Campeche y Yucatán antes de dar un nuevo permiso.

Dicha consulta fue organizada por la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), entidad gubernamental en la cual trabajaron Marco Antonio Ramírez y Sol Ortiz, señalados por las comunidades como responsables de diversos abusos, como actos de discriminación contra las comunidades indígenas y de menosprecio del posible daño ambiental que provocarían los transgénicos.
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