Pronto se conocerá el reglamento de la llamada “Ley Super Ocho”
(Ley 20.606 de Rotulado y Publicidad de Alimentos), al haber concluido
la fase de participación ciudadana convocada por el ministerio de salud.
Si esta vez el lobby de la industria alimentaria fracasa en sus
intentos, y siempre que la ministra Helia Molina se atreva a prevenir la
obesidad, los padres y madres tendrán derecho a saber cuánta azúcar y
sal contienen los alimentos que compran para sus niños.
Se habrá avanzado algunos pasos en la
dirección correcta. Pero ojo: la nueva etiqueta seguirá muda acerca de
si ese alimento es o no transgénico. El semáforo no dirá nada al
respecto.
Por ello, la ministra secretaria de gobierno Ximena Rincón,
que en 2012 presentó en el Senado un proyecto de ley de Moratoria y
Etiquetado de Transgénicos, recibió de manos de nuestra campaña
ciudadana, un ejemplar de la primera versión en español de
“Transgénicos: Mitos y Verdades”, de Antoniou, Fagan y Robinson
(RAP-Chile, Quimantú, 2014). La obra fundamenta con base científica las
razones por las cuales los alimentos elaborados con ingredientes
transgénicos presentan riesgos para la población.
La campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile
le hizo llegar el libro presentado recientemente para poner un piso
sólido a la exigencia de que esta ley de moratoria y etiquetado, que
duerme en el senado, sea puesta en discusión con urgencia. En su rol
actual, Ximena Rincón deberá decidir si responde a la demanda ciudadana
integrando ese proyecto a la agenda legislativa definida por el comité
de ministros, o si se sitúa del lado de Monsanto, Pioneer/Dupont y sus
pares.
La ley Super Ocho ignoró absolutamente
el tema de los transgénicos. A través de observaciones al reglamento de
esta ley, muchos ciudadanos y ciudadanas, entre ellos Rodrigo Lampasona,
de la iniciativa “Elige Vivir Sano” nacida al calor de la campaña Yo No
Quiero Transgénicos en Chile, hicieron presente su molestia porque el
etiquetado no abarque los alimentos hechos con ingredientes transgénicos
como la soya y el maíz transgénicos que pueden estar presentes – entre
otras – en las marcas Kellogg, Ades, Kraft, Nestré, Danone,
Mazola, Nutrasweet, Great Value, Hellman’s, McKormick, Bagley,
Matarazzo, Sadia, Pringles, Lays y Knorr.
Bachelet bloqueó el etiquetado
Pero estas observaciones ciudadanas al
reglamento de la “Ley Super Ocho” tienen escasas posibilidades de ser
recogidas por el ministerio de salud, que hasta ahora rechaza toda
posibilidad de etiquetar estos alimentos transgénicos, que presentan
serios riesgos para la salud de las personas. SERNAC
remite toda consulta al respecto, al ministerio de salud. La ley Super
Ocho nada dice sobre el tema, probablemente porque el Reglamento
Sanitario que rige los alimentos en Chile, fue modificado para eliminar
la obligación de rotularlos, siendo ministra de salud la actual
presidenta de la república, Michelle Bachelet. El decreto de etiquetado
de transgénicos estuvo listo desde el año 2001, pero jamás se promulgó.
En cambio, el ministerio de salud elaboró el decreto 115, publicado en
el diario oficial el 25 de noviembre de 2003. Ese decreto de Bachelet
introdujo en el artículo 107, letra n, del Reglamento Sanitario de
Alimentos, un texto que indica que el rotulado de alimentos transgénicos
sólo procederá si estos “presentan características nutricionales
distintas al alimento y/o materia prima convencional”.
Parece dictado por Monsanto
y los productores de transgénicos, que acuñaron el término
“equivalencia sustancial”, sin base científica alguna para impedir en
Estados Unidos el análisis toxicológico de este tipo de alimentos y
permitir su pronta autorización cuando salieron al mercado. Hoy la
“equivalencia sustancial” se está cayendo a pedazos precisamente en la
tierra madre de los transgénicos, Estados Unidos.
Etiquetado en Estados Unidos
Etiquetado en Estados Unidos
Desde el año pasado un poderoso
movimiento ciudadano está exigiendo a nivel de algunos estados federales
de Estados Unidos, el derecho a saber qué están comiendo. Vermont
aprobó el etiquetado este año; California casi lo logró el año pasado, y
ahora lo intentan los estados de Oregon y Colorado.
Para entender el poder de ese lobby y lo que ocurrió en Chile cuando se
intentó etiquetar, es necesario conocer cómo operan las transnacionales
de la agrobiotecnología en Estados Unidos, donde las leyes no contemplan
“aportes reservados” y obligan a transparentar las donaciones de las
empresas. Ad portas de que se vuelva a poner en discusión la Ley
Monsanto, permanece en la penumbra saber cuántas de estas empresas
transnacionales y sus socios locales han aportado en las campañas
presidenciales y parlamentarias y cuáles son los montos “reservados”.
El 4 de noviembre , el estado de Oregon
vota la propuesta 92, de etiquetado de alimentos transgénicos. En la
campaña el gasto en avisaje televisivo ha sido enorme: es el quinto
mayor gasto en avisaje que se ha hecho en todo Estados Unidos en el
último tiempo, según el Center for Public Integrity,
una organización sin fines de lucro con sede en Washington. En Oregon,
la comuna de Jackson aprobó meses atrás la prohibición del cultivo de
transgénicos en su territorio. El estado de Vermont, que aprobó el
etiquetado, lo hará entrar en vigor en Julio de 2016, y el fiscal
general de ese estado está defendiendo esa medida, de una demanda
planteada por representantes de la industria alimentaria.
Por otro lado, los votantes de Colorado
rechazaron una iniciativa para etiquetar los alimentos genéticamente
modificados. 67 por ciento se opuso a esta medida, mientras que 33 por
ciento votó a favor.
Pioneer dobló a Monsanto
Pioneer dobló a Monsanto
La transnacional Dupont/Pioneer
que también está presente en Chile, produciendo transgénicos y
plaguicidas, aportó esta semana $4.6 millones de dólares para la campaña
contra el etiquetado de transgénicos, doblando la cifra de Monsanto,
que puso 2.9 millones de dólares.
El gerente en Chile de Dupont/Pioneer es Alvaro Eyzaguirre,
también presidente de la Federación Internacional de Semillas. Los
cultivos de maíz transgénico de Pioneer están en su mayoría en Arica
donde la transnacional fue subsidiada por CORFO con casi un millón de
dólares para inaugurar en 2010, una estación experimental agroindustrial
destinada a producir este tipo de cultivos, susceptibles de contaminar
irreversiblemente las razas nativas de maíz de esa región. El año pasado
Pioneer aumentó la superficie cultivable con que cuenta, al participar
en una licitación de tierras en la Pampa Concordia (límite con Perú) a
precios altamente convenientes.
En Estados Unidos los partidarios del
etiquetado han logrado reunir US$6.6 milones de dólares… pero las
empresas productoras y comercializadoras de transgénicos han inyectado a
la fecha 16.3 millones de dólares para impedir que la gente sepa lo que
come.
Monsanto, Dupont/Pioneer, Dow y Bayer
les conceden ese derecho a los europeos porque están obligados a
etiquetar sus productos en Europa debido a la legislación vigente allí, a
su vez producto de la exigencia de los consumidores. En Perú, que tiene
ley de etiquetado desde hace algunos años, las transnacionales han
logrado detener hasta ahora la elaboración del reglamento de esa ley.
Brasil sin embargo sí cuenta con etiquetado. Monsanto, Pioneer y socios
locales niegan ese derecho a Argentina y Chile donde ejercen su poderoso
lobby.
Consumidores reunidos en Osorno
En la lucha por el etiquetado, los y las
consumidores chilenos se están haciendo cada vez más presentes. En el
reciente congreso nacional de asociaciones de consumidores realizado en
Osorno entre el 17 y el 19 de octubre, el tema de la alimentación sana
–abordado en una exposición sobre soberanía alimentaria a cargo de Lucía
Sepúlveda – fue definido como uno de los ejes de su futuro trabajo.
Veinte asociaciones que representan a consumidores de territorios desde
la Región de Tarapacá a la Región de los Lagos, reconocieron como
derechos fundamentales para la persona humana “un aire libre de
contaminación, la disponibilidad de las aguas para el consumo humano, la
alimentación saludable, la generación y consumo responsable y
sustentable de la energía, y el reconocimiento de sistemas de movilidad
limpia y de transporte público justo y de calidad.”.
En el citado congreso se constituyó una
Coordinadora Nacional de los Consumidores, que además de incidir en la
discusión parlamentaria de la nueva Ley del Consumidor, buscará
articularse con otros actores organizados de la sociedad para informar,
educar y proteger los derechos de los consumidores en sus diferentes
ámbitos. El etiquetado de los alimentos transgénicos será sin duda parte
de estos esfuerzos.
Por Lucia Sepulveda
Fuente: El Reverde
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