Lucas Paulinovich - La Brújula
Los grandes actores
del agro se ubican bien arriba entre los sectores que más infringen la
ley: trabajo esclavo, blanqueo de capitales, evasión de impuestos,
cuando no lisa y llanamente el asesinato encomendado de trabajadores.
Pero aporta la porción fundamental de divisas a la economía y eso le
gana impunidad y simpatías. Su presencia en las comunidades de la zona
núcleo pampeana le dan autoridad: su palabra es la del sentido común.
Así se exculpan y avanzan.
La impunidad se construye como una cuidadosa armadura que se teje lenta y meticulosamente y protege solo a algunos que tienen para pagársela. Después, la justicia hace el resto. El reparto de culpas y penas obedece a algunas reglas no escritas, pero sumamente consolidadas en la dinámica de los hechos. Así, hay condiciones que establecen una peligrosidad previa a cualquier delito. Más tarde es cuestión de encontrar alguna flagrancia y listo, el sistema punitivo tiene con qué alimentarse. De acuerdo a la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), a mayo del 2014, alrededor del 60% de las 10.074 personas privadas de la libertad en cárceles federales se encuentra con prisión preventiva. Solo el 40% tiene una condena firme. De los encerrados a disposición de jueves federales (3.467 personas) solo el 26,6% tiene sentencia. Y cuando se trata de los jóvenes de entre 18 y 21 años, los encarcelados preventivamente alcanzan el 84,1%. “El hecho de que la población de mujeres, jóvenes y trans sean los destinatarios de valoraciones más severas por parte del sistema judicial y de los mecanismos de evaluación de tratamiento penitenciario nos confirma y revela que se los considera no sólo más peligrosos, sino también con menos derechos, y a partir de este relevamiento evaluamos que en la materia está pendiente la vigencia concreta de derechos fundamentales y que esto, lejos de ser producto de evoluciones pendientes, refleja una política criminal concreta, y que ha sido objetada desde organismos internacionales”, decía el titular de Procuvin, Abel Córdoba.
Son pocos los grandes empresarios que habitan las cárceles y casi ninguno de los que mantienen trabajo esclavo o negrean mercaderías y evaden impuestos mediante triangulaciones fueron a caer en las redes de la justicia, que es un tejido demasiado débil para atrapar peces gordos. La gran masa de dinero ilegal que surge del blanqueo-evasión-triangulación se mezcla con el dinero espurio de otras actividades y dan vida y prosperidad a las inversiones urbanas. La exportación traza un hilo que lleva del agroextractivismo al narcotráfico, rastros de un modelo de despojo de recursos y un orden basado en privilegios. El delito económico como complemento necesario de la sangre derramada en las calles: todo confluyendo en un mismo puerto, de donde salen los granos y las drogas.
La impunidad garantizada desde los aportes de las grandes multinacionales a las escuelas, los clubes sociales y las universidades, aprovechando los huecos de negligencia del Estado, y a los grandes medios de comunicación, comprando voluntades en forma de anuncios publicitarios, cursos de perfeccionamiento y viajes al exterior; el sentido común financiado con los agrodólares: de esa forma se define cuáles son los delitos que es necesario combatir y qué delincuentes son los que se ven como una amenaza para la comunidad.
Morir por la productividad Monsanto, que proveyó uranio en la Segunda Guerra Mundial y cuyo Agente Naranja sirvió para exterminar la población vietnamita en la guerra, es el dueño y principal gestor de los agroquímicos que se esparcen irregularmente y contaminan las poblaciones que rodean los campos: es cuestión que caigan los cuerpos para que nazcan los frutos. Su nombre es la marca comercial que simboliza el triángulo de la expansión los agronegocios: siembra directa, biotecnología y paquete de agroquímicos. Un universo donde prevalece el capital financiero especulativo que tuerce la matriz del sector. La lógica productiva en su máximo esplendor.
La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario realizó un relevamiento en el sur del territorio santafecino para detectar la incidencia del cáncer en las poblaciones: en pleno corazón del modelo productivo, la tasa promedio de casos nuevos de cáncer es de 368 por cada 100 mil habitantes, con un rango que llega a los 713,7 casos. El indicador nacional se encuentra en 206 casos nuevos al año por cada 100 mil habitantes según el Instituto Internacional del Cáncer (Iarc) de la Organización Mundial de la Salud.
Cae la lluvia que envenena las vidas para que los campos se vuelvan fértiles y se sostenga la alta explotación de las tierras que permita cumplir con los compromisos exportadores. Más producción y más rentabilidad son las consignas que se deparan para el desarrollo de la Argentina y que quedaron grabadas en los objetivos del Plan AgroAlimentario 2020, que poco explica acerca de las condiciones de ese incremento productivo que acarrea la muerte y la enfermedad, el desplazamiento de poblaciones, el agotamiento de la riqueza de los suelos y la concentración acelerada del negocio en un puñado de grandes actores. La gestión de los recursos naturales-productivos se traduce en la gestión de los recursos humanos, donde todo se reduce a fuerza de trabajo que si no produce lo suficiente, debe ser renovada por métodos más ágiles y eficientes. La ecuación es clara: más hectáreas, más exportación, no importa cómo ni por quién.
Ese compromiso de mayor eficiencia e inserción en el mundo como gran abastecedor de materias primas queda rubricado por todos los actores de importancia: ante la caída de las exportaciones y el contexto de crisis se reunieron en conferencia el subdirector periodístico del diario El Cronista, Hernán Goñi, el director ejecutivo de Dreyfus, Gonzalo Ramírez Martiarena, el presidente de Zed, David Lacroze, el Ceo de Monsanto, Luiz Beling y el gerente general de Cresud, Carlos Blousson. Todos llegaron a una misma conclusión: terminó la faltante de stock mundial y las fallas productivas que impulsaban los precios de los commodities, por lo que ahora es necesario tomar medidas para asegurar ese destino de exportación al por mayor. “El mundo sigue creciendo y la Argentina tiene una oportunidad increíble en los años por venir”, razonó Ramírez Martiarena.
Los grandes traders cerealeros saben por dónde van los objetivos productivos. Lacroze, cuya firma tiene negocios agrícolas, ganaderos y de exportación y fue presidente de la Junta Nacional de Granos en los ’80 y subsecretario de Agricultura de la Nación, expuso las necesidades en adelante pidiendo mayores liberalizaciones poniendo en duda el beneficio de los altos precios para el país: “favorecieron al gobierno de turno y le permitieron extraer más de 80 mil millones de dólares al sector y llevar el gasto al 43% del Pbi”. La discusión de las corporaciones del sector es esa: menos recursos públicos, más aprovechamiento de las rentas. Una forma del robo, pero por las elegantes vías legales.
Con la fuerza de la ley, con la fuerza de las armas… Las grandes multinacionales necesitan confirmar su predominancia económica con la imposición de la fuerza. Monsanto, ejemplo paradigmático, es una de esas empresas que utiliza la fuerza para silenciar y detener a aquellos que denuncian sus abusos y atropellos, que atentan contra las bases económico-productivas de un país y contra las vidas de los pobladores. La utilización de la fuerza como método de sofocación es el rasgo característico del acampe de Malvinas Argentinas, donde los manifestantes fueron sistemáticamente reprimidos por oponerse a la instalación de una plata del gigante transnacional. El delito se define según el rango y según la cercanía con aquellos que hacen actuar la ley.
Esa empresa que traza complicidad con las fuerzas de seguridad pública se presta también a la preparación de su propio patrimonio de choque: a principios de noviembre se anunció la compra por parte de Monsanto de Blackwater, el mayor ejército de mercenarios del mundo, famoso por la masacre de civiles llevada a cabo al servicio del imperialismo norteamericano.
La relación con Monsanto viene de largo: en 2008 Monsanto contrató los servicios de Total Intelligence, cuyo director era Cofer Black, que a partir de prestar su facultades para espiar e infiltrarse en organizaciones de derechos humanos y de activistas antitransgénicos y de fijar la sumisión de las corporaciones biotecnológicas y farmacéuticas, trabó una amistad y relación que se destiló en sociedad. En la Argentina desarrolló sus habilidades persecutorias contra aquellas organizaciones que denuncian su posición hegemónica y las prácticas abusivas que desconocen todo derecho a la vida de las poblaciones. Las muertes provocadas por los productos químicos impuestos en el mercado y por las acciones de las fuerzas de seguridad (públicas y privadas) a su servicio, difícilmente lleguen a los estrados judiciales. Las consecuencias del modelo de saqueo tienen que ser contenidas: ninguna de esas prácticas son percibidas como delitos. Tampoco los directivos van a la cárcel. Imposible mejores garantías para el ejercicio del crimen.
Fuente: http://brujulacomunicacion.
De:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=192603
La impunidad se construye como una cuidadosa armadura que se teje lenta y meticulosamente y protege solo a algunos que tienen para pagársela. Después, la justicia hace el resto. El reparto de culpas y penas obedece a algunas reglas no escritas, pero sumamente consolidadas en la dinámica de los hechos. Así, hay condiciones que establecen una peligrosidad previa a cualquier delito. Más tarde es cuestión de encontrar alguna flagrancia y listo, el sistema punitivo tiene con qué alimentarse. De acuerdo a la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), a mayo del 2014, alrededor del 60% de las 10.074 personas privadas de la libertad en cárceles federales se encuentra con prisión preventiva. Solo el 40% tiene una condena firme. De los encerrados a disposición de jueves federales (3.467 personas) solo el 26,6% tiene sentencia. Y cuando se trata de los jóvenes de entre 18 y 21 años, los encarcelados preventivamente alcanzan el 84,1%. “El hecho de que la población de mujeres, jóvenes y trans sean los destinatarios de valoraciones más severas por parte del sistema judicial y de los mecanismos de evaluación de tratamiento penitenciario nos confirma y revela que se los considera no sólo más peligrosos, sino también con menos derechos, y a partir de este relevamiento evaluamos que en la materia está pendiente la vigencia concreta de derechos fundamentales y que esto, lejos de ser producto de evoluciones pendientes, refleja una política criminal concreta, y que ha sido objetada desde organismos internacionales”, decía el titular de Procuvin, Abel Córdoba.
Son pocos los grandes empresarios que habitan las cárceles y casi ninguno de los que mantienen trabajo esclavo o negrean mercaderías y evaden impuestos mediante triangulaciones fueron a caer en las redes de la justicia, que es un tejido demasiado débil para atrapar peces gordos. La gran masa de dinero ilegal que surge del blanqueo-evasión-triangulación se mezcla con el dinero espurio de otras actividades y dan vida y prosperidad a las inversiones urbanas. La exportación traza un hilo que lleva del agroextractivismo al narcotráfico, rastros de un modelo de despojo de recursos y un orden basado en privilegios. El delito económico como complemento necesario de la sangre derramada en las calles: todo confluyendo en un mismo puerto, de donde salen los granos y las drogas.
La impunidad garantizada desde los aportes de las grandes multinacionales a las escuelas, los clubes sociales y las universidades, aprovechando los huecos de negligencia del Estado, y a los grandes medios de comunicación, comprando voluntades en forma de anuncios publicitarios, cursos de perfeccionamiento y viajes al exterior; el sentido común financiado con los agrodólares: de esa forma se define cuáles son los delitos que es necesario combatir y qué delincuentes son los que se ven como una amenaza para la comunidad.
Morir por la productividad Monsanto, que proveyó uranio en la Segunda Guerra Mundial y cuyo Agente Naranja sirvió para exterminar la población vietnamita en la guerra, es el dueño y principal gestor de los agroquímicos que se esparcen irregularmente y contaminan las poblaciones que rodean los campos: es cuestión que caigan los cuerpos para que nazcan los frutos. Su nombre es la marca comercial que simboliza el triángulo de la expansión los agronegocios: siembra directa, biotecnología y paquete de agroquímicos. Un universo donde prevalece el capital financiero especulativo que tuerce la matriz del sector. La lógica productiva en su máximo esplendor.
La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario realizó un relevamiento en el sur del territorio santafecino para detectar la incidencia del cáncer en las poblaciones: en pleno corazón del modelo productivo, la tasa promedio de casos nuevos de cáncer es de 368 por cada 100 mil habitantes, con un rango que llega a los 713,7 casos. El indicador nacional se encuentra en 206 casos nuevos al año por cada 100 mil habitantes según el Instituto Internacional del Cáncer (Iarc) de la Organización Mundial de la Salud.
Cae la lluvia que envenena las vidas para que los campos se vuelvan fértiles y se sostenga la alta explotación de las tierras que permita cumplir con los compromisos exportadores. Más producción y más rentabilidad son las consignas que se deparan para el desarrollo de la Argentina y que quedaron grabadas en los objetivos del Plan AgroAlimentario 2020, que poco explica acerca de las condiciones de ese incremento productivo que acarrea la muerte y la enfermedad, el desplazamiento de poblaciones, el agotamiento de la riqueza de los suelos y la concentración acelerada del negocio en un puñado de grandes actores. La gestión de los recursos naturales-productivos se traduce en la gestión de los recursos humanos, donde todo se reduce a fuerza de trabajo que si no produce lo suficiente, debe ser renovada por métodos más ágiles y eficientes. La ecuación es clara: más hectáreas, más exportación, no importa cómo ni por quién.
Ese compromiso de mayor eficiencia e inserción en el mundo como gran abastecedor de materias primas queda rubricado por todos los actores de importancia: ante la caída de las exportaciones y el contexto de crisis se reunieron en conferencia el subdirector periodístico del diario El Cronista, Hernán Goñi, el director ejecutivo de Dreyfus, Gonzalo Ramírez Martiarena, el presidente de Zed, David Lacroze, el Ceo de Monsanto, Luiz Beling y el gerente general de Cresud, Carlos Blousson. Todos llegaron a una misma conclusión: terminó la faltante de stock mundial y las fallas productivas que impulsaban los precios de los commodities, por lo que ahora es necesario tomar medidas para asegurar ese destino de exportación al por mayor. “El mundo sigue creciendo y la Argentina tiene una oportunidad increíble en los años por venir”, razonó Ramírez Martiarena.
Los grandes traders cerealeros saben por dónde van los objetivos productivos. Lacroze, cuya firma tiene negocios agrícolas, ganaderos y de exportación y fue presidente de la Junta Nacional de Granos en los ’80 y subsecretario de Agricultura de la Nación, expuso las necesidades en adelante pidiendo mayores liberalizaciones poniendo en duda el beneficio de los altos precios para el país: “favorecieron al gobierno de turno y le permitieron extraer más de 80 mil millones de dólares al sector y llevar el gasto al 43% del Pbi”. La discusión de las corporaciones del sector es esa: menos recursos públicos, más aprovechamiento de las rentas. Una forma del robo, pero por las elegantes vías legales.
Con la fuerza de la ley, con la fuerza de las armas… Las grandes multinacionales necesitan confirmar su predominancia económica con la imposición de la fuerza. Monsanto, ejemplo paradigmático, es una de esas empresas que utiliza la fuerza para silenciar y detener a aquellos que denuncian sus abusos y atropellos, que atentan contra las bases económico-productivas de un país y contra las vidas de los pobladores. La utilización de la fuerza como método de sofocación es el rasgo característico del acampe de Malvinas Argentinas, donde los manifestantes fueron sistemáticamente reprimidos por oponerse a la instalación de una plata del gigante transnacional. El delito se define según el rango y según la cercanía con aquellos que hacen actuar la ley.
Esa empresa que traza complicidad con las fuerzas de seguridad pública se presta también a la preparación de su propio patrimonio de choque: a principios de noviembre se anunció la compra por parte de Monsanto de Blackwater, el mayor ejército de mercenarios del mundo, famoso por la masacre de civiles llevada a cabo al servicio del imperialismo norteamericano.
La relación con Monsanto viene de largo: en 2008 Monsanto contrató los servicios de Total Intelligence, cuyo director era Cofer Black, que a partir de prestar su facultades para espiar e infiltrarse en organizaciones de derechos humanos y de activistas antitransgénicos y de fijar la sumisión de las corporaciones biotecnológicas y farmacéuticas, trabó una amistad y relación que se destiló en sociedad. En la Argentina desarrolló sus habilidades persecutorias contra aquellas organizaciones que denuncian su posición hegemónica y las prácticas abusivas que desconocen todo derecho a la vida de las poblaciones. Las muertes provocadas por los productos químicos impuestos en el mercado y por las acciones de las fuerzas de seguridad (públicas y privadas) a su servicio, difícilmente lleguen a los estrados judiciales. Las consecuencias del modelo de saqueo tienen que ser contenidas: ninguna de esas prácticas son percibidas como delitos. Tampoco los directivos van a la cárcel. Imposible mejores garantías para el ejercicio del crimen.
Fuente: http://brujulacomunicacion.
De:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=192603
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