Una veintena de organizaciones civiles y 53 activistas –entre ellos, científicos, campesinos, abogados, así como defensores de derechos humanos y ambientales– hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva a favor y mantenga la medida precautoria que desde hace ocho años suspendió los permisos de siembra de maíz genéticamente modificado en el territorio nacional.
Integrados en el grupo Demanda Colectiva Maíz, ayer celebraron que desde el 17 de septiembre de 2013, 10 tribunales han mantenido dicha disposición “a favor de la protección del maíz, la milla y nuestros derechos”.
Sin embargo, apuntaron, aún faltan cuatro amparos sobre los que en próximos días el máximo tribunal del país deberá resolver si confirma o levanta la medida cautelar.
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