“El trigo transgénico es un producto de Bioceres, un laboratorio privado cuyos dueños son Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman. Quienes le han dado una parte de las ganancias al Conicet y otra parte a la Universidad del Litoral, en un acto de complicidad bastante grave. Porque el resto del país se ha mostrado opositor al trigo transgénico, y no solamente estoy hablando de los grupos ambientalistas, sino también desde las cadenas del trigo”, dice, del otro lado del teléfono, Jorge Rulli, experto en desarrollo sustentable y uno de los fundadores del Grupo de Reflexión Rural que inició en la Argentina la lucha contra los transgénicos. “Quien lidera esa oposición es el presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, quien preanunció que Argentina, de seguir este camino, puede convertirse en un país apestado”.
Rulli formó parte, mediante una conexión virtual, de la sesión de conjuntas del Concejo Deliberante en la que expertos en la materia se refirieron a los desafíos que implica, por un lado, la aprobación del Trigo HB4 por parte del Gobierno Nacional, y, por otro, la prohibición del mismo en ejido de Gualeguaychú, como pretenden desde el oficialismo, con amplia mayoría para hacerlo.
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