El Gobierno impulsa, dentro de la Ley Ómnibus en el Congreso Nacional, la adhesión al convenio internacional UPOV 91, que otorga ventajas a las grandes empresas de semillas y agrotóxicos, e implica un riesgo para la alimentación de Argentina. Un análisis de qué implica esa normativa y por qué los movimientos campesinos y pueblos indígenas protegen las semillas.
La intención de que, a través de un artículo de la Ley Ómnibus, que incluía más de 650, Argentina adhiera a los principios de la convención internacional UPOV 91 de semillas, constituye un atentado contra nuestra soberanía alimentaria, contra la biodiversidad y contra los Derechos Humanos elementales como la alimentación y la salud.
UPOV significa Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, con sede en Suiza. Surgió en el año 1961, luego de un encuento internacional en París, con una serie de revisiones en 1972,1978 y 1991, siempre para aumentar el poder de las grandes corporaciones del agronegocio en detrimento de las familias campesinas, pueblos originarios y pequeños productores.
La intención y la consecuencia más fuerte de la UPOV 1991 es avanzar sobre el patentamiento de la naturaleza por parte de dichas corporaciones.
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