Rompiendo el cerco del agronegocio

 Giorgio Trucchi  -  Rel-UITA

Movimiento ecologista costarricense comprometido con lucha anti-OGM

Cuando en diciembre de 2012, la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) tomó la decisión de otorgar el permiso a la empresa D&PL Semillas Ltda, subsidiaria de la compañía Delta & Pine Land (Monsanto), para sembrar maíces transgénicos MON-88017, MON-603 y MON-89034 en la región de Guanacaste, no se imaginaba que la reacción popular pudiese ser tan contundente.

Esta decisión no solo desencadenó una muy enriquecedora discusión a nivel nacional, que involucró a amplios sectores de la sociedad costarricense, sino que tuvo impactos directos y muy concretos en la vida social, política y cultural del país.

Dos años después, el 91 por ciento de los municipios resolvió declarar sus territorios libres de transgénicos, y la Sala Constitucional declaró “parcialmente con lugar” el recurso de inconstitucionalidad presentado por diversos grupos ecologistas y productores contra el Reglamento del Servicio Fitosanitario del Estado.

Este Reglamento fue la herramienta jurídica utilizada por la CTNBio para otorgar a Monsanto el permiso de liberar organismos genéticamente modificados en el territorio nacional.

“Todo lo que se ha logrado hasta el momento es el resultado de movilizaciones masivas, conversatorios, talleres y reuniones con las organizaciones locales y la población en general.

Además, estas acciones han tenido como resultado la promulgación de un decreto que protege el maíz como patrimonio cultural. Un paso más para cerrar definitivamente la puerta al maíz transgénico”, dijo Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON).

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