Las diferencias en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum se hicieron patentes con el tema de la protección a rango constitucional de los maíces mexicanos. Desde la Sader –con Julio Berdegué al frente– se intentó imponer la iniciativa de reforma que beneficia trasnacionales en perjuicio del pueblo de México y la soberanía alimentaria nacional. Y es que la propuesta abría la puerta a la siembra de semillas genéticamente modificadas, dañinas a la salud y al medio ambiente –desarrolladas por corporaciones como Bayer-Monsanto y Syngenta–, al tiempo que desprotegía al centro de origen de este alimento y reservorio de la humanidad, como se le conoce a nuestro país. Tras la consulta que le hizo Contralínea el pasado 4 de febrero, Sheinbaum pidió a la Cámara de Diputados frenar la discusión y establecer mesas de trabajo urgentes con varios secretarios de Estado, y ordenó a su gabinete involucrado en el tema –Sader, Semarnat, Ciencia, Salud y Economía– explicar los alcances reales de la propuesta y escuchar a la Campaña Sin Maíz No Hay País. El intento por imponer esa reforma involucraría no sólo a la Sader, sino también a las secretarías de Salud, Economía y Ciencia, quienes habrían acompañado a Berdegué en este intento fallido. Expertos consultados por esta revista indican que ahora urge proteger verdaderamente al grano
La iniciativa de reforma constitucional sobre maíz transgénico dejó al descubierto las diferencias en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que encabeza Julio Berdegué, se intentó llevar a rango constitucional una muy limitada protección a los maíces nativos frente a las biotecnologías desarrolladas por corporaciones como Bayer-Monsanto y Syngenta, en beneficio de estas últimas y en perjuicio del pueblo de México y la soberanía alimentaria nacional.
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