Por Norma Sánchez* y Susana Ricci**
Fue bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem; el Secretario de Agricultura, Felipe Solá autorizó la producción y comercialización de la semilla de soja modificada genéticamente y resistente al herbicida glifosato (Resolución 167/96).
Esta ignominia, que marcó un hito fundamental en la historia del agro de Argentina, se llevó a cabo con un trámite de apenas 81 días, violando todos los requisitos técnicos y procedimientos administrativos requeridos por el marco legal y regulatorio vigente.
El informe supuestamente “científico” que acompañó el expediente de aprobación fue realizado en 1994 en Estados Unidos por la empresa Monsanto, solicitante de la introducción. Presentado en idioma inglés, contiene trabajos publicados en gran medida por técnicos de Monsanto, con escasa rigurosidad científica, y muchos describen métodos analíticos estándar de poca o nula pertinencia.
Dicho informe omite información existente, a nivel mundial, que desde fines de la década de 1980 mostraba un amplio consenso sobre los posibles riesgos ambientales de los agrotóxicos asociados al uso de plantas transgénicas.
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