Hace dos semanas conversaba con Catherine Marielle, coordinadora del
programa de sistemas alimentarios sustentables en GEA, una organización
que opera en Guerrero y que es parte del grupo de organizaciones que han
demandado a gobierno y corporaciones como Monsanto por poner en peligro
la soberanía alimentaria del país. El pulso, me decía, es brutal.
Corporaciones y Estado cuentan con una baraja de 300 abogados; las
organizaciones sólo con 10. El proceso ha generado decenas de amparos y
un desgaste continuo.
Desde que el biólogo de la Universidad de
Berkeley, Ignacio Chapela, comprobara en 2001 la contaminación por
transgénicos en maíces criollos de la Sierra Norte de Oaxaca, las
denuncias de académicos y organizaciones sociales no han cesado. Con la
autoridad que les confiere una cultura milenaria, los campesinos se
plantean un mismo interrogante: ¿Por qué el gobierno mexicano compromete
su patrimonio ancestral?
...
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