El escándalo mariguanesco opacó
una noticia de mucha mayor importancia dada su inmediatez y efectos
políticos colaterales: el “siempre no” que le aplicó la Suprema Corte de
Justicia en México a la empresa multinacional estadounidense Monsanto y
también al gobierno de Enrique Peña Nieto por una omisión,
acostumbrada, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, que se pasó por el arco del triunfo a los
apicultores mayas y le permitió a Monsanto echar raíces al sureste de
México.
Tres años tardaron los indígenas mayas
en lograr que la justicia volviera la vista a su caso y en cosa de
horas, la segunda sala de la cabeza del Poder Judicial mexicano
determinó anular el permiso que se le concedió en el 2012 a la empresa
productora de agroquímicos, el alma máter de los odiados maíces
transgénicos.
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