Por Anabel Pomar
En una nueva avanzada contra la salud y el ambiente, la Legislatura de Entre Ríos sancionó su nueva ley de “buenas prácticas en materia de fitosanitarios” (Ley 26.117). El proyecto, presentado por el diputado Juan Rossi y propiciado por el gobernador Rogelio Frigerio (ambos de Juntos por Entre Ríos), motoriza una legislación fuertemente pedida, desde hace años, por los sectores concentrados del agronegocio provincial y cámaras nacionales del sector.
La nueva legislación establece zonas de exclusión casi inexistentes y por demás permisivas. En zonas urbanas, la norma permite aplicaciones manuales o con drones a solo diez metros, a 100 metros con equipos terrestres y se establece una exclusión de 1000 metros para aplicaciones aéreas. En zonas sin presencia de personas, esos límites se acortan a 5, 50 y 100 metros respectivamente. Lo que deja, por ejemplo, a los cuerpos de agua y ríos sometidos a la exposición directa. En el caso de las escuelas rurales, se puede fumigar a solo 15 metros con aplicaciones manuales o 150 metros con máquinas y a 500 metros si es con avionetas. En el caso de las viviendas rurales o puestos sanitarios, las avionetas, por ejemplo, podrán pasar rociando agrotóxicos a 200 metros.
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