Fue
el 24 de septiembre de 1992, cuando el Congreso Nacional sancionó la
ley que posibilitó la privatización de la empresa nacional Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF).
Veintidós
años después, la historia se repite. El bloque oficialista aprobó y
celebró la reforma a la ley de hidrocarburos, por la cual se otorga
enormes beneficios a las empresas internacionales y se justifica con dos
palabras: “Soberanía energética”.
Una
línea de conducta que se refleja en la manera de aprobar transgénicos,
una nueva ley de agrotóxicos y un proyecto para modificar la
reglamentación referida a semillas y que tiene un nombre: “Ley
Monsanto”.
Sale con soja
Paseo
Colón 982. Lunes 25 de marzo de 1996. El secretario de Agricultura,
Felipe Solá firmó la resolución 167 por la cual autorizó la producción y
comercialización de la soja transgénica, con uso de glifosato. Fue el
comienzo de una política que produjo un quiebre en el modelo
agropecuario argentino. El trámite de aprobación llevó sólo llevó 81
días, en base a estudios de las propia empresa Monsanto, faltó
información sobre posibles consecuencias en la salud y el ambiente y
estuvo plagado de irregularidades.
Dieciséis
años después de la primera soja transgénica en Argentina, la historia
se repite. El 10 de agosto de 2012, el secretario de Agricultura,
Lorenzo Bazzo, firmó la resolución 446/12 de aprobación de la nueva
generación de soja, llamada “Intacta RR2 Pro”. El 20 de agosto de 2012,
el ministro, Norberto Yahuar, la presentó junto a los directivos
Monsanto en un acto público. La compañía la publicitó como beneficiosa
por su mayor rendimiento y se aseguró el cobro de regalías (según la
empresa, ya firmó acuerdos con el 75 por ciento de los productores de
soja del país).
El
Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció ante la
Justicia la forma “irregular” en que fue aprobada la soja. Advirtió que
no hubo consulta pública (como establece la ley argentina), carece del
debido estudio de impacto ambiental y omite frondosa bibliografía
científica que alerta sobre los efectos sanitarios y ambientales de los
transgénicos. La acción judicial, que tramita en la Justicia Federal,
solicita que se anule la aprobación de la soja transgénica y se suspenda
la comercialización de la semillas. También afirma que tres firmantes
del expediente “están vinculados a empresas” de agroquímicos y
transgénicos.
El
juez hizo lugar a una diligencia preliminar y permitió que la parte
denunciante (Celma) acceda al expediente de aprobación de la nueva soja.
Casi tres mil fojas, mucho lenguaje técnico y, luego de la lectura
legal, una decena de conclusiones: no posee una “debida declaración de
impacto ambiental” por parte de la Conabia (Comisión Nacional de
Biotecnología Agropecuaria) y la aprobación “se sustenta en estudios
sólo de Monsanto”. El Estado no realizó estudios y, según advierte el
Celma, ni siquiera realizó preguntas sobre los estudios citados por
Monsanto.
La
organización denunciante también señaló que los estudios presentados
por Monsanto tienen “carencias significativas”. A modo de ejemplo, se
contempló sólo la intoxicación aguda (la que se genera en un primer
momento) y no se estudiaron los efectos crónicos (a largo plazo).
“Es
como en el ’96, la historia parece repetirse, pero ya conocemos las
consecuencias de los transgénicos y los agrotóxicos, por eso es
necesario que se reexaminen todas las semillas transgénicas liberadas en
la Argentina y que la aprobación no se haga a carpeta cerrada, el
procedimiento debe ser transparente y se debe cumplir el requisito de la
participación ciudadana para poder realizar las objeciones fundadas que
hoy se ignoran abiertamente”, denunció Fernando Cabaleiro, del Celma.
Desde
1996, en Argentina se aprobaron 28 transgénicos. El 75 por ciento de
ellos (21) fue durante el kirchnerismo. Los expedientes no son de acceso
público. Y todo hace suponer que la forma de aprobación fue similares a
la de la soja de 1996 y la de 2012.
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